TSJ Regiones - Decisión

Expediente: 14.701.-

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
195° y 146°

SENTENCIA DEFITIVA

“Vistos” sus Antecedentes.

Demandante: WILLIE ENRIQUE MUÑOZ HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No.- 4.160.794, con domicilio en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, representado judicialmente por la Abogada en Ejercicio ANTONIA JOSEFINA POLANCO CALDERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.- 24.805 plenamente identificada en las actas.

Demandada: Sociedad Mercantil “BAMBI IMPORT C.A” debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 20 de agosto de 1992, bajo el Numero 24, Tomo 11-A de los libros respectivos, representada Judicialmente por el Abogado en Ejercicio HUGO CORDERO MORILLO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No-21.735, en su condición de defensor Ad.Litem.

MOTIVO PRESTACIONES SOCIALES.

ANTECEDENTES PROCESALES
Consta de Autos que el suprimido Tribunal Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, admite mediante auto de fecha 19 de Noviembre de 2002, acción por Cobro de PRESTACIONES SOCIALES intentado por el ciudadano WILLIE ENRIQUE MUÑOZ HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 4.160.794, domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, debidamente asistido por el abogado en ejercicio ALFREDO RAMON GARCIA LOPEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 19.558 y de este mismo domicilio.

Ahora bien, cumplidas las formalidades de ley respecto a la citación de la demandada, se denota de las actas que la misma no se apersono ni por si, ni a través de su apoderado judicial, en consecuencia el Tribunal antes referido ordeno la designación de Defensor Ad.Litem, a saber el Abogado HUGO CORDERO MORILLO, quien acepto el cargo en fecha 14 de Mayo de 2003 y quien posteriormente siendo la oportunidad procesal para dar Contestación a la demanda, en lugar de contestar la misma, promovió la cuestión previa establecida en el numeral sexto del articulo 346 del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas y luego de un íntegro análisis a los autos del presente expediente se observa que dichas Cuestiones Previas opuestas por la parte demandada no fueron resueltas por el extinto Tribunal Segundo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia toda vez que fueron presentadas extemporáneamente, por lo que mal podría el tribunal antes referido pronunciarse sobre algo Inexistente, en consecuencia este Juzgador pasa al estudio de las actas para dictar la sentencia de merito que ha de recaer en la presente causa. Así Se Decide.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR
El proceso viene a erigirse como el instrumento de que se valen los justiciables para someter ante la jurisdicción la tutela de sus derechos e intereses, y el mismo se desarrolla sobre la base de ciertos principios que lo estructuran y lo convierten en el mecanismo idóneo a los fines señalados. Entre ellos encontramos el principio de igualdad de las partes, siendo este uno de los garantes de una justicia accesible, idónea, equitativa y expedita.
En materia de derecho social el legislador patrio, a lo largo del desarrollo de la justicia laboral, y a los fines de mitigar la desigualdad económica existente entre patrono y trabajador, ha sancionado un conjunto de normas contentivas de principios e instituciones que permitan un trato igualitario de las partes procesales y; dentro de las cuales encontramos, la presunción de laboralidad, prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo, según la cual “se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba”.

En función de la presunción indicada, se ha desarrollado en el foro judicial venezolano una vasta doctrina sobre “la inversión de la carga de la prueba en materia laboral”. En este sentido, y como colorario de la presente motivación, se transcribe parte interesante de la sentencia pronunciada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del eximio Magistrado Dr. Omar Alfredo Mora Díaz, de fecha 15 de marzo de 2000, caso Jesús E. Henríquez Estrada contra Administradora Yuruary C.A., contentiva de la doctrina judicial vigente en materia de CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA LABORAL, la cual es del siguiente tenor:

“Ahora bien, se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuándo se invierte la carga de la prueba y cuáles de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.

Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuáles de los hechos alegados por el actor se admiten y cuáles se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.

Lo antes precisado, tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.
Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.

También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos, en los siguientes casos:
Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo).

Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicios, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades, etc.

También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, por lo que, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.( Confesión Ficta).

El artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios laborales por mandato expreso del artículo 31 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos del Trabajo, establece que si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos establecidos en la Ley, se le tendrá por confesó en cuanto no sea contraria a Derecho la petición del demandante, si nada probase que le favorezca, disposición fundamentada en el principio de elasticidad o adaptabilidad del procedimiento a las particularidades propias de la causa, logrando un fin último de economía procesal.

Exige la Norma Legal citada para que opere la CONFESIÓN FICTA, tres requisitos acumulativos en su totalidad deben presentarse, y su verificación conduce a que sea en la sentencia definitiva y no antes, cuando se declare que el demandado ha quedado confeso.

“De allí que es un grave error la práctica forense que surge, que apenas el demandado no contesta oportunamente la demanda, el actor acude ante el Juez y en autos le pide que le declare de inmediato confeso a ese demandado que no asistió “ (Jesús Eduardo Cabrera. Conferencia dictada en el Colegio de Abogados del Estado Carabobo).

Dichos requisitos acumulativos son los siguientes:

1.- Que el demandado no conteste oportunamente la demanda.

2.- Que la petición sea contraria a derecho.

3.- Que el demandado en el término probatorio nada probare que le favorezca.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fallo de fecha 5 de junio del 2002 (caso Tecfrica Refrigeración C.A., con ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta) estableció que la confesión ficta es una sanción de un rigor extremo, prevista únicamente para el caso de que el demandado no diere contestación a la demanda en los plazos indicados, no haga la contraprueba de los hechos alegados en el libelo y la demanda no sea contraria a derecho.

El cumplimiento del primer requisito es muy simple, que el demandado no conteste la demanda en el plazo previsto para ello, en otras palabras, que el demandado, y esto es lo más común, no asista dentro del término del emplazamiento ni por si, ni mediante apoderados o, que al demandado, compareciendo, no se le admita la contestación, bien sea porque presente el escrito de contestación fuera de las horas de despacho, ya que según el articulo 194 del código de procedimiento civil, los escritos de contestación se deben presentar en horas de despacho, o bien, cuando en el caso de una litis consorcio facultativo demandado, si uno de los consortes no comparece dentro del lapso de emplazamiento y pretende luego contestar al fondo, si otro de los consortes opuso unas cuestiones previas declaradas sin lugar, o bien que el demandado asista a contestar la demanda que se le reciba la misma, y que realmente, no conteste, entre cuyos supuestos se encuentra el del articulo 68 de la Ley Orgánica del Trabajo de Tribunales y Procedimientos del Trabajo según el cual el demandado en el proceso laboral deberá contestar la demanda y determinar con claridad cuales de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuales niega o rechaza y expresara así mismo los hechos y fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar, lo que comporta que el demandado, que normalmente es el patrono y que además es el que sabe cómo sucedieron y el que por lo regular tiene acceso a las pruebas, por razones de lealtad y probidad, si él no niega el contrato de trabajo , tiene que ir señalando en su contradicción los hechos en los cuales la basa, asumiendo una actitud positiva con relación a sus negociaciones, finalmente puede darse el caso que el demandado conteste mediante apoderado y que ese apoderado presente un poder viciado o insuficiente , caso en el cual, por razones de equidad procesal podrá el demandado ratificar posteriormente en autos el apoderado.
El segundo requisito exige al Juez, aparte del examen de las pruebas que obrar en autos, análisis, limitado a determinar si la demanda es contraria a derecho sin plantearse su procedencia en virtud de las leyes de fondo (Corte suprema de Justicia del 26 de noviembre de 1980 y 09 de octubre de 1985).- Una petición es contraria a derecho, cuando no existe acción o cuando la petición no se subsume en el supuesto de hecho de la norma invocada o, cuando es contraria al orden público.

El tercer requisito, supone una situación particular que consiste en la no contestación de la demanda en el plazo establecido por la ley, caso en el cual, el demandado puede presentar pruebas que contradigan las presentadas por el actor, dando una nueva oportunidad al demandado confeso para que promueva la contra prueba de los hechos alegados en el libelo de la demanda ( Sala de Casación Civil, sentencia del 05 de abril de 2000) esto es que lo único que puede probar el demandado en ese algo que lo favorezca, es la inexistencia de los hechos alegados por el actor, la inexactitud de los hechos no pudiendo probar ni excepciones perentorias, ni hechos nuevos, esto es, no puede probar útilmente todo aquello que presupone, por introducir hechos nuevos en la litis, una excepción en sentido propio.

Ahora bien, toca a este Sentenciador, analizar si la demandada cumplió con el acto de la contestación a fin de poder cumplir con su carga de negar pormenorizadamente los Hechos y el derecho invocado por el actor en su libelo de demanda, al respecto este Operador de Justicia en el análisis de las actas Procesales evidencia que no existe contestación a la demanda ni mucho menos prueba alguna capaz de desvirtuar los hechos alegados por el accionante de autos, más aún luego del estudio detenido de las actas Procesales se desprende que la pretensión del actor no es contraria a Derecho, por el contrario amparada por la Constitución Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26, 89 al 94, por lo que resulta forzoso para este sentenciador el tener que declarar la CONFESIÓN FICTA, en atención a lo establecido en el articulo 68 de la ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con el 362 del Código de Procedimiento Civil y así lo ha de declarar en forma expresa y sencilla este sentenciador en la definitiva. Así Se Decide.
DISPOSITIVO
Por todos los razonamientos expuestos en la parte Motiva de este fallo este JUZGADO TERCERO DE JUICIO DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ZULIA, administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, y por Autoridad de la Ley declara:

1. CON LUGAR, la Demanda por Cobro de Prestaciones Sociales incoada por el Ciudadano WILLIE ENRIQUE MUÑOZ HERNANDEZ contra la Sociedad Mercantil “BAMBI – IMPORT C. A”.

2. Así mismo se ordena a la Demandada el pago de la cantidad de CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS BOLIVARES CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS Bs.- 5.794.272,97 conforme a las especificaciones señaladas por el actor en su libelo de demanda.

3. Se acuerda la CORRECCIÓN MONETARIA DE LAS CANTIDADES que en la definitiva su pago resulte a cargo de la demandada, por concepto de Prestaciones Sociales, igualmente el pago de los intereses de Mora condenados establecido en el articulo 92 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, aplicándoles los índices Inflacionarios ocurridos en el País desde la fecha de admisión de la demanda hasta la fecha de ejecución de la Sentencia, lo que se determinara mediante una experticia complementaria del fallo.

4.- SE CONDENA EN COSTAS A LA PARTE DEMANDADA, de conformidad con lo señalado en el articulo 59 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y 274 del Código de Procedimiento Civil, por haber sido totalmente vencida en esta causa y por cuanto de conformidad con sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia No. 305 de fecha 28 de Mayo del 2002, en virtud del orden público de las normas laborales el sentenciador deberá condenar en costas siempre que las pretensiones del actor hayan sido declaradas todas con lugar, sin importar el monto realmente condenado.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y NOTIFIQUESE- Déjese copia por secretaria del presente fallo de conformidad con lo establecido en el articulo 248 del Código de Procedimiento Civil venezolano en concordancia con lo establecido en el articulo 1384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del articulo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Dada, firmada y sellada en la Sala del Tribunal TERCERO DE JUICIO DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO ZULIA. En Maracaibo a los Treinta (30) días del Mes de Enero de Dos Mil Seis. Año 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
El Juez,
Dr. Luis Segundo Chacín.
La Secretaría,

En la misma fecha y previo el anuncio de ley dado por el Alguacil de este Tribunal a las puertas del Despacho, siendo la Una y Cincuenta de la Tarde (1:50 p.m.), se dictó y publicó el fallo que antecede; quedando registrada bajo el Nº 028 - 2006.

La Secretaria

Exp: 14.701