TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Cuatro de Juicio del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Maracaibo, catorce (14) de diciembre de dos mil seis (2006).
196º y 147º

ASUNTO: VP01-S-2005-000752

PARTE DEMANDANTE:
Ciudadana ARGELIS RINCON ARTEAGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.505.079, y domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE:
Ciudadano JOSE PARRA, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el número 83.410.

PARTE DEMANDADA:
FUNDACION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DEL ESTADO ZULIA, entidad autónoma, sin fines de lucro, constituida mediante Decreto No. 816, emanado de la Gobernación del Estado Zulia, de fecha 09 de Septiembre de 1999, publicado en la misma fecha en la Gaceta Oficial de esta Entidad Federal, bajo el No. 547, Extraordinaria, posteriormente inscrita su Acta constitutiva y estatutos, ante la Oficina subalterna del Primer Circuito de Registro de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, el 18 de Abril de 2000, bajo el No. 11, Protocolo 1°, Tomo 6 de los libros respectivos.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
Ciudadano DANIEL REYES, venezolano, mayor de edad, abogado en ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el número 89.845.

MOTIVO: CALIFICACION DE DESPIDO.

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA:

HOMOLOGACION DE TRANSACCION LABORAL:

En el juicio que por calificación de despido tiene incoado la ciudadana ARGELIS RINCON ARTEAGA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.505.079, y domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, en contra de la FUNDACION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DEL ESTADO ZULIA, (suficientemente identificadas); comparecieron ante este Tribunal en fecha primero (01) de Diciembre de 2006; la parte demandante ARGELIS RINCON ARTEAGA, asistida por el abogado en ejercicio JOSE PARRA; y la parte demandada FUNDACION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DEL ESTADO ZULIA representada por su apoderado judicial, abogado DANIEL REYES; y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 10 y 11 de su Reglamento; ambas partes celebraron una transacción laboral formulando una relación circunstanciada de los hechos que la motivan y de los derechos en ella comprendidos; donde con el objeto de evitar los gastos y costos que pudieran generarse para las partes, en aras de evitar también el transcurso del tiempo que implica un proceso de esta naturaleza difícil y costoso; y constatada la existencia de derechos reclamados, litigiosos y contradictorios, susceptibles de ser objeto de una transacción; ambas partes, de mutuo y común acuerdo, a los fines de poner fin al actual proceso y de precaver un futuro y eventual litigio, convinieron en celebrar otorgándose recíprocas concesiones, la referida TRANSACCION LABORAL, sobre la controversia planteada; en la cual la demandante dejó expresa constancia que con el pago recibido, por medio de este negocio jurídico; de parte de la demandada, quedan satisfechas todas y cada una de las diferencias y reclamos existentes entre las partes, acuerdo éste, regulado en los términos y condiciones convenidos por ambas partes; acuerdan que la cantidad consignada por la parte demandada a favor de la actora, en el procedimiento de oferta real, expediente signado con el número VP01-S-2006-000031, y la cual ascendió a la suma de ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN BOLIVARES CON SESENTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 11.146.851,68), más los intereses que se hayan generado, le sean entregados a la actora, renunciando la demandada al reclamo de cualquier cantidad consignada en demasía; que la planilla para el retiro de fideicomiso que se encuentra suscrita por un representante de la demandada, le sea entregada a la actora, por parte de este órgano jurisdiccional, o cualquier otro a quien corresponda a solicitud de este, a los fines de que ésta pueda retirar la cantidad depositada en su fideicomiso, en el Banco Occidental de Descuento, y la cual ascendió, salvo retiros de la actora, a la suma de CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN BOLIVARES CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs. 5.763.161.64), más los intereses que se hayan generado a favor de la actora, y que la cantidad de UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 1.048.320,00), que se encuentra consignada por la demandada en la causa signada con el número VP01-S-2006-000031, más los intereses que se hayan generado, le sea entregada a la actora a los fines de cancelarle cualquier diferencia que pudiese existir en los conceptos que han de corresponderle a la demandante, incluso la expectativa de salarios caídos que pudiere haber tenido, todo con la finalidad de poner fin al presente proceso. La actora renuncia a cualquier expectativa o derecho de reenganche que pudiere haberle correspondido; asimismo, renuncia a su expectativa de cancelación de salarios caídos. Igualmente, la demandada renuncia a la devolución de los conceptos cancelados en demasía, así como a la devolución de la cantidad consignada por eventuales e improcedente salarios caídos. La ciudadana ARGELIS RINCON declara, estar de acuerdo con dichas cantidades, recibiéndolas y aceptándolas por vía transaccional; y que las mismas corresponden a la cancelación total y definitiva de las acreencias laborales en los términos antes expuestos.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Establece el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
“El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
1) Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
2) Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
3) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
4) Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.
5) Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, o credo o por cualquier otra condición.
6) Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación económica y social.

Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 3 consagra:

“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.

Parágrafo Único.- La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”. (Cursiva del Tribunal).

Igualmente el artículo 10 y 11 del reglamento de Ley Orgánica del Trabajo, disponen lo siguiente:

Artículo 10: Principio de irrenunciabilidad (Transacción Laboral). “De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”.

Artículo 11: Efectos de la Transacción Laboral. “La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.
Parágrafo Segundo: El Inspector o Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.

De lo anteriormente expuesto, este Tribunal observa que en materia laboral, al ser los derechos debatidos de orden público, es irrenunciable el derecho por parte del trabajador a aquellas normas y disposiciones que lo favorezcan, según lo establece claramente el ya citado artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, pero dejando esta misma norma abierta la posibilidad de conciliación o transacción, siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos; es decir que la transacción o conciliación en materia laboral es posible siempre y cuando se respeten aquellos derechos de orden público que protejan al trabajador y tutelados por la Constitución Nacional, Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.

A tal fin, la Ley establece una serie de requisitos de estricto cumplimiento para la validez de toda transacción o conciliación laboral:

1) Debe versar sobre derechos litigiosos discutidos,
2) Que consten por escrito;
3) Que contengan una relación circunstanciada de los hechos;
4) Cerciorarse que el trabajador actúa libre de constreñimiento alguno.

Estos requisitos fueron concurrentes hasta hace poco, cuando la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05 de Marzo de 2004, caso Cesar Augusto Villareal contra Panamco de Venezuela, S.A.; con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, dejo sentado lo siguiente:

“Debe señalar ésta Sala que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3°, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9° y 10° de su Reglamento, cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es, homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada referida en el citado parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificaran si la misma cumple o no con los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada.
Si bien es cierto que en el parágrafo primero del artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de Ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que ni dicha norma ni ninguna otra establece que, como formalidad esencial, que el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito, y el hecho que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos aún, cuando ni siquiera la parte accionante alega tal circunstancia…”. (Cursiva del Tribunal).

En consecuencia, esta Sentenciadora, observa que en el presente caso se cumplen los requisitos legales que hacen procedente la homologación de la transacción celebrada entre las partes en esta causa con miras a poner fin al presente juicio, por lo que de manera consecuente se procederá a homologar tal y como se expresará en el dispositivo del presente fallo dicho medio de auto composición procesal. Así se establece.

DISPOSITIVO:

Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:

1.- SE HOMOLOGA LA TRANSACCION celebrada entre la ciudadana ARGELIS RINCON y la FUNDACION HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS DEL ESTADO ZULIA, (ambas partes suficientemente identificadas en las actas procesales) y en consecuencia se le imparte el carácter de Cosa Juzgada, a dicho mecanismo de autocomposición procesal.
2.- NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del fallo y por haberlo así convenido las partes.
3.- Este Tribunal oficiará al JUZGADO SEXTO DE SUSTANCIACION, MEDIACION Y EJECUCION DE ESTE MISMO CIRCUITO JUDICIAL LABORAL, quien tramitó el procedimiento de oferta real, el cual se encuentra signado con el No. V01-S-2006-000031, tal y como fue verificado por el Sistema JURIS2000, a los fines de que éste oficie a la Oficina de Control de Consignaciones de este mismo Circuito Judicial, para que le sean entregadas las cantidades acordadas en la transacción laboral celebrada por las partes a la actora, para lo cual se remite copia certificada del presente fallo. Asimismo, se le solicita al referido Juzgado se sirva informar a este Tribunal, una vez que la accionante reciba las referidas cantidades, a los fines legales consiguientes.
4.- SE ABSTIENE este Tribunal de dar por terminado el presente asunto y de ordenar el archivo definitivo del mismo, hasta tanto se haya cumplido con lo establecido en el artículo 33 de la LEY ORGÁNICA DE DESCENTRALIZACION Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA DEL PODER PUBLICO.
5.- Se ordena la notificación de la presente decisión al PROCURADOR DEL ESTADO ZULIA, conforme lo dispone el artículo 33 de la LEY ORGÁNICA DE DESCENTRALIZACION Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA DEL PODER PUBLICO. Ofíciese.
Publíquese y Regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3° y 9° del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2006. Años: 196° de la Independencia y 147° de la Federación.

LA JUEZ,

ABOG. BREZZY MASSIEL AVILA URDANETA.

LA SECRETARIA,

ABOG. YOCELYN BOSCAN LUZARDO.

En la misma fecha siendo las tres y trece minutos de la tarde (3:13 p.m.) se dictó y publicó el anterior fallo.

LA SECRETARIA,

ABOG. YOCELYN BOSCAN LUZARDO.
BAU/kmo.-