REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE: JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN OCCIDENTAL Exp. 8961 Por solicitud de amparo constitucional incoada por la ciudadana HELENIA MERCEDES MORENO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 10.376.320, con domicilio en esta Ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, asistida por la abogada ELISAYDEE ALBARRAN, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 81.646, actuando con el carácter de Procuradora de Trabajadores, en contra de la empresa NATURAL PRODUCTS EXPRESS DE VENEZUELA, C.A., dándosele entrada en fecha 21 de Abril de 2005 y siendo admitida en fecha 28 de Abril de 2005. Señala la accionante que en fecha 22 de enero de 2004, comenzó a prestar sus servicios personales para la sociedad mercantil NATURAL PRODUCTS EXPRESS DE VENEZUELA, C.A., debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 22 de Julio de 2003, quedando anotada bajo el No. 47, Tomo 25-A, siendo su última modificación estatutaria en fecha 07 de diciembre de 2004, quedando anotada bajo el No. 38, Tomo 63-A, de los libros respectivos; con el cargo de Representante del Departamento de Seguimiento de Ventas, hasta el día 10 de octubre de 2004, fecha en la cual fue despedida injustificadamente por la ciudadana YANINA VILLALOBOS, quien funge como Encargada del Departamento de Seguimiento de Ventas de la mencionada empresa. Por tal motivo acude por ante la Inspectoría del Trabajo en Maracaibo del Estado Zulia, con la finalidad de solicitar un procedimiento de reenganche a sus labores habituales de trabajo y pago de salarios caídos de conformidad en el artículo 454 de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora bien, indica que sustanciado como fuera el procedimiento, la Inspectoría del Trabajo apegada a las disposiciones legales ordena a la empresa NATURAL PRODUCTS EXPRESS DE VENEZUELA, C.A., el reenganche a sus labores habituales y el pago de los salarios caídos correspondientes, tal como se evidencia en la Providencia Administrativa de fecha 28 de Marzo de 2005 y asimismo una vez notificada la empresa presunta agraviante, la misma se negó a recibirla según consta en informe elaborado por la funcionario del trabajo Isaac González, en fecha 06 de Abril de 2005, siendo atendido por el ciudadano JAIRO ENRIQUE GARCIA, quien funge como Gerente General de la empresa, el cual manifestó que no recibiría y por lo tanto no acataría la antes mencionada Providencia Administrativa. Por los motivos antes señalados acude ante este Tribunal con la finalidad de que se le decrete acción de amparo constitucional a los fines de que se le ordene a la empresa NATURAL PRODUCTS EXPRESS DE VENEZUELA, C.A., el reintegro del accionante a sus labores habituales de trabajo y el pago de los salarios caídos, tal como lo estableció la Providencia Administrativa que dio origen a la presente Acción. Fundamenta su acción en la violación de los establecido en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Explanado lo anterior, el Tribunal observa, que la presente causa se encuentra paralizada desde hace más de 6 meses, cuando se admitió la presente causa. Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia No 982, de fecha 06 de junio de 2001, Expediente No 00-0562, caso José Vicente Arenas, estableció que: “… (omisis) En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse -entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ellos es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes. Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que mas se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En efecto si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue el amparo, la tolerancia es una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento por un lapso mayor a aquél…” “…(omisis)De conformidad con lo expuesto, la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derecho y Garantías Constitucionales, y, con ello, la extinción de la instancia. Así se declara…”(negrillas del tribunal). De conformidad con el criterio antes transcrito y por cuanto observa este Superior Órgano que el presente caso se encuentra paralizado desde el día 28 de Abril de 2005, sin que la parte actora haya realizado ningún acto que demostrara su interés en la presente causa, es por lo que es necesaria la declaratoria del Abandono del Trámite, por la pérdida del interés de la presunta agraviada en la presente causa; ya que es el mecanismo idóneo para resolver las demoras y retardos en el procedimiento de amparo constitucional que le sean imputables a la parte actora. ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVO Por los fundamentos expuestos, este JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGION OCCIDENTAL, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: EL ABANDONO DEL TRAMITE, por la pérdida del interés en la presente ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL incoada por la ciudadana HELENIA MERCEDES MORENO en contra de la empresa NATURAL PRODUCTS EXPRESS DE VENEZUELA, C.A. El Tribunal no hace especial pronunciamiento en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. PUBLIQUESE, REGISTRESE. Déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo establecido en el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines legales previstos en los ordinales 3º y 9º del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en Maracaibo a los veinticuatro (24) días del mes de Abril del año Dos Mil Seis (2006). Años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.- LA JUEZ, DRA. GLORIA URDANETA DE MONTANARI EL SECRETARIO, ABOG. GASTON GONZALEZ URDANETA En la misma fecha y siendo las once y cincuenta y dos minutos de la mañana (11:52 a.m.) se publicó el fallo anterior. EL SECRETARIO, ABOG. GASTON GONZALEZ URDANETA Exp. 8961 GUM/GGU/tder