REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN

La Asunción, 28 de Abril del año 2006 195º y 146º Recibidas como han sido las presentes actuaciones que conforman al asunto signado bajo el N° OPO1-P-2005-000265, remitido por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, procedente del Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 02 de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual se dictó en fecha 30 de Marzo de 2006, sentencia definitiva declarando no culpable al CIUDADANO CARLOS JOSÉ SALAS VILLARROEL Y EUDES JOSÉ SALAS VILLARROEL, titular de la cedula de identidad N° 16.546.042 y 17.848.178, y los absuelve de la comisión del delito de Robo Agravado; y definitivamente firme como ha quedado la referida decisión, este Tribunal de Ejecución hace las siguientes consideraciones: PRIMERO: Por ser la mencionada sentencia absolutoria, este Tribunal mal puede proceder a dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal. SEGUNDO: Como quiera que el Libro Quinto de la Ley Adjetiva Penal Vigente, se refiere a la ejecución de la sentencia, y se establece en su artículo 479, que es de la competencia del Tribunal de Ejecución todas las consecuencias que acarrean las sentencia del Tribunal de Juicio, por lo tanto se refiere al cumplimiento de la pena, a la ENTREGA DE OBJETOS, al pago de multas y todo lo concerniente a la totalidad de la ejecución del dispositivo del fallo, sea este absolutorio, condenatorio, de penas corporales o de penas pecuniarias, ello conforme a lo establecido en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, N° 126 de fecha 06 de febrero de 2001, que establece entre otras cosas “…no obstante, el presunto carácter taxativo de la citada norma (Art. 479 del Código Orgánico Procesal Penal), de la lectura de la misma no puede desprenderse que la única competencia de los juzgados de ejecución será ejecutar penas privativas de libertad, pues, tal afirmación se encuentra desvirtuada con el principio de iniciación de oficio de la ejecución de la sentencia, que establece, que una vez declarada firme una sentencia, el paso siguiente es su ejecución, y el órgano competente debe proceder a ejecutarla sin que nadie lo solicite, de lo que se desprende, que basta con que la sentencia sea dictada y declarada definitivamente firme, por un tribunal con competencia en materia penal para que el juzgado de ejecución resulte obligado a ejecutarla, más allá del carácter corporal o pecuniario de la sanción que el dispositivo de la misma contenga…”. Ahora bien, este Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta, con fundamento a lo antes expuesto, ordena oficiar al Fiscal Quinto del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, Fiscal actuante en el presente proceso, a los fines de que informe a este Tribunal los objetos que fueron incautados y la orden de que organismo se encuentran custodiados, con el objeto de proceder a la devolución de los mismos. Asímismo, se ordena oficiar al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a los fines de que se tramite todo lo conducente para la desincorporación del sistema de información de Registros Policiales. Líbrese el correspondiente oficio. Cúmplase. LA JUEZ II ITINERANTE DE EJECUCIÓN DRA. MONTSERRAT PALLARES TEJERA LA SECRETARIA: ABG. LUISANA SUAREZ En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo antes ordenado. Lo certifico.- LA SECRETARIA: ABG. LUISANA SUAREZ CAUSA N° OPO1-P-2005-000265