República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1 PARTE NARRATIVA Consta en autos el procedimiento de HOMOLOGACIÓN DE CONVENIMIENTO (ALIMENTO), solicitado por la Defensora del Niño y del Adolescente de la Intendencia de Seguridad Parroquial Cacique Mara, ciudadana JENNY FERRER, convenimiento celebrado por los ciudadanos JONDS GILBERT MORALES VILCHEZ y JOHANA DEL CARMEN GODOY BÁEZ, titulares de las cédulas de identidad N(s): 12.589.646 y 14.280.482 respectivamente, en beneficio de sus hijos JORVIS JOSÉ, JHON GILVBERT y JOHAN JOSÉ MORALES GODOY. A esta solicitud se le dio entrada el día 03 de Junio de 2004, ordenándose formar expediente y numerarlo con el No. 05157; se admitió en cuanto ha lugar en derecho y por auto por separado se indicó que se resolvería lo conducente. Por auto de fecha 09 de Junio de 2004, este Tribunal ordenó oficiar a la Defensora del Niño y del Adolescente de la Intendencia de Seguridad Parroquial Cacique Mara, ciudadana JENNY FERRER, a fin de aclarara los términos del convenimiento de alimentos realizado por los ciudadanos JONDS GILBERT MORALES VILCHEZ y JOHANA DEL CARMEN GODOY BÁEZ. En la misma fecha se libró oficio signado con el Nº 1587. A partir de la misma fecha, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de las partes interesadas en este proceso, ciudadanos JONDS GILBERT MORALES VILCHEZ y JOHANA DEL CARMEN GODOY BÁEZ. Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones: PARTE MOTIVA ÚNICO I Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 09 de Junio de 2004; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso. A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera: “1) Concepto. a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento. b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191. c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”. Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. II Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandìa, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales: “…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal. Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc…” Por las razones antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; y así se declara. PARTE DISPOSITIVA D E C I S I Ó N Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: a) PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente Procedimiento de HOMOLOGACIÓN DE CONVENIMIENTO (ALIMENTO), solicitado por la Defensora del Niño y del Adolescente de la Intendencia de Seguridad Parroquial Cacique Mara, ciudadana JENNY FERRER, convenimiento celebrado por los ciudadanos JONDS GILBERT MORALES VILCHEZ y JOHANA DEL CARMEN GODOY BÁEZ, titulares de las cédulas de identidad N(s): 12.589.646 y 14.280.482 respectivamente, en beneficio de sus hijos JORVIS JOSÉ, JHON GILVBERT y JOHAN JOSÉ MORALES GODOY antes identificados. b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese, notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría. Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los diecisiete (17) días del mes de Octubre de dos mil Cinco. 195º de la Independencia y 146º de la Federación. El Juez Unipersonal N° 1, Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero La Secretaria. Abog. Angélica María Barrios. En la misma fecha, siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No.806. La Secretaria Exp.: 05157. HRPQ/ sv*.