EXP. 0865
República Bolivariana de Venezuela
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio –Juez Unipersonal N° 1
PARTE NARRATIVA
Consta en autos solicitud de AUTORIZACIÓN PARA COMPRAR, intentada por la ciudadana MARIA CAROLINA ALCALA RHODE, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.821.834, abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 83.641 domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana CARMEN ALICIA PEÑA RIVAS (v) DE MARIN, venezolana, mayor de edad, de oficios del hogar, titular de la cédula de identidad N° 12.043.735, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, actuando en representación de su hija YOANA DEL CARMEN MARIN PEÑA, venezolana, menor de edad, estudiante y de este domicilio, carácter de apoderada que se evidencia de documento Poder otorgado el día 30 de octubre de 2003, por ante la Notaría Pública de San Francisco, quedando anotado bajo el N° 75, tomo 78 de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria; alegando que en nombre de su mandante solicita autorización para comprar en nombre de su hija y su persona, un inmueble constituido por una vivienda unifamiliar, edificada sobre una parcela de terreno propio y que se encuentra ubicada en el barrio El Manzanillo, calle N° 6, distinguida con el N° 23-24, Jurisdicción de la Parroquia Francisco Ochoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia que consta de (571,41 mts2) y se encuentra comprendida dentro de los siguientes linderos: Norte: Linda con la calle N° 6; Sur: Linda con inmueble N° 24-51; Oeste: Linda con inmuebles marcados con el N° 23ª-12 y 24-27; Este: Linda con inmueble N° 24-56 y le pertenece al ciudadano ANGEL ANTONIO BOSCAN VILCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.170.750 y el precio por el cual tiene pactada la venta es por la cantidad de Bs. 16.000.000,00.
A esta solicitud se le dio entrada el día 28 de Noviembre de 2003, ordenándose formar expediente y numerarlo con el N° 0865, ordenándose a la solicitante a consignar partida de nacimiento de niña de autos, original del documento de propiedad y certificación de gravamen del inmueble objeto a la presente solicitud y notificar al Fiscal del Ministerio Público.
En fecha 06 de Febrero de 2004, se dio por notificado el Fiscal del Ministerio Público, consignando posteriormente en fecha 09 de los corrientes la respectiva boleta al expediente
En fecha 09 de Febrero de 2004, presente en la Sala de Juicio de este Tribunal, la abogada EDY LUZ SAEZ VILORIA, en su condición de Fiscal Trigésima Segunda del Ministerio Público, diligenció indicando que la solicitante de cumplimiento a lo ordenado en fecha 28 de noviembre de 2003. A partir de esa fecha, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de la parte actora.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
I
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 09 de Febrero de 2004; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
II
Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandìa, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales:
“…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal.
Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc…”
Por las razones antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
a) PERIMIDA LA INSTANCIA en la solicitud de AUTORIZACIÓN PARA COMPRAR intentada por la ciudadana CARMEN ALICIA PEÑA RIVAS (v) DE MARIN, antes identificada a favor de su hija YOANA DEL CARMEN MARIN PEÑA.
b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los (13) días del mes de Octubre de 2005. 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
El Juez Unipersonal N° 1,
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero
La Secretaria.
Hilda Maria Chacin Mestre
En la misma fecha, en horas de Despacho, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No. 742. La Secretaria
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