República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1 PARTE NARRATIVA Consta en autos procedimiento de DESALOJO DE VIVIENDA Y COBRO DE BOLIVARES, incoado por el ciudadano EMIRO PEROZO MONTERO, Abogado, titular de la cédula de identidad Nº130.595, actuando en representación de sus propios derechos y de los integrantes de la sucesión de Luis Emiro Perozo Díaz, en contra de los herederos del ciudadano GONZALO CARRILLO RODRIGUEZ, su cónyuge la ciudadana ROSA ISABEL PULGAR DE CARRILLO RODRIGUEZ y su menor hija HAYA PAOLA CARRILLO PULGAR. En fecha 29 de Noviembre del 2000, se recibió por ante este Juzgado expediente signado bajo el Nº5800, contentivo de Desalojo de Vivienda y Cobro de Bolívares, emanado del Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y se ordenó darle entrada y numerarlo bajo el Nº462, asimismo, este Juzgado se avocó al conocimiento de la causa y ordenó notificar a las partes del proceso a fin de informarles que una vez practicada la citación de la ultima de ellas, la causa continuaría su curso, pasados Diez (10) días hábiles contados a partir de que el Alguacil, mediante diligencia suscrita con el secretario, exponga haber cumplido con las notificaciones; asimismo, se les participó que podrían hacer uso del derecho de recusación al nuevo Juez, si existiera causa legal, dentro de los Tres (3) días siguientes de despacho, contados a partir de la reanudación del proceso. A partir de la misma fecha, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de la parte actora de este proceso. Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones: PARTE MOTIVA ÚNICO Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 29 de Noviembre de 2000; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso. A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera: “1) Concepto. a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento. b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191. c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”. Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandìa, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales: “…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal. Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc…” En el caso que nos ocupa se puede observar del estudio detallado y minucioso de las actas que conforman el presente expediente que desde la fecha de 29 de Noviembre de 2000, ha transcurrido más de un (01) año sin que ninguna de las partes realizara algún acto de procedimiento o de impulso procesal; es por lo que el presente caso se subsume dentro de los parámetros del contenido del artículo up supra, adicionalmente una vez paralizada la causa y transcurrido el término para que quede extinguida la instancia, conlleva a el Juez a que de oficio o bien a instancia de parte, sea declarada la Perención de la Instancia; y así se declara. PARTE DISPOSITIVA D E C I S I Ó N Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: a) PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente Procedimiento de DESALOJO DE VIVIENDA Y COBRO DE BOLIVARES, incoado por el ciudadano EMIRO PEROZO MONTERO, Abogado, titular de la cédula de identidad Nº130.595, actuando en representación de sus propios derechos y de los integrantes de la sucesión de Luis Emiro Perozo Díaz, en contra de los herederos del ciudadano GONZALO CARRILLO RODRIGUEZ, su cónyuge la ciudadana ROSA ISABEL PULGAR DE CARRILLO RODRIGUEZ y su menor hija HAYA PAOLA CARRILLO PULGAR. b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese, notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría. Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los 10 días del mes de Octubre de dos mil cinco. 195º de la Independencia y 146º de la Federación. El Juez Unipersonal N° 1 Dr. HECTOR RAMON PEÑARANDA QUINTERO La Secretaria . Abg. Angélica María Barrios En la misma fecha, siendo las nueve de la mañana, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No._________. La Secretaria Exp.: 0462 HRPQ/herlys.