TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PROTECCION DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO ZULIA. SALA DE JUICIO, EXTENSIÓN CABIMAS
JUEZ UNIPERSONAL N° 01
EXPEDIENTE: 1U-S-389-01
MOTIVO: INSCRIPCION AL REGISTRO CIVIL
PARTE DEMANDANTE: JORGE ANTONIO MADRIZ GONZALEZ y ARELYS DEL VALLE DIAZ DE MADRIZ, venezolanos, mayores de edad, portadores de las Cédulas de Identidad Nos. 10.601.414 y 7.960.020
ABOGADO ASISTENTE: MARIA EUGENIA HERNANDEZ GUERRA, Fiscal Trigésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
NIÑA: SE OMITE EL NOMBRE DEL NIÑO Y/O ADOLESCENTE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE.

PARTE NARRATIVA
Ocurrió por ante la Presidencia de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescentes, la Abogado Maria Eugenia Hernández, actuando con el carácter de Fiscal Trigésimo Sexto del Ministerio Público quien expuso que en fecha 26-07-00, comparecieron por ante la Fiscalía a su cargo los ciudadanos JORGE ANTONIO MADRIZ GONZALEZ y ARELYS DEL VALLE DIAZ DE MADRIZ, antes identificados, alegando que ejercen la guarda de la niña en auto, en razón que la ciudadana Andreína Salazar, progenitora de ésta le había cedido la guarda de la niña y que en la actualidad se desconoce el paradero de madre.
En razón de lo planteado remite el presente caso a fin de solicitar lo siguiente: a) la imposición de la medida de protección contenida en el literal f) del articulo 126 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de conformidad con el articulo 676 del referido instrumento legal, atendiendo el derecho que le asiste a la identificación y a ser inscrita en el Registro Civil, consagrado en el articulo 17 y 18 parágrafo primero ejusdem. B) la imposición de la medida de protección (colocación familiar) contemplada en el literal i) del articulo 126 ejusdem de conformidad con el 129 de la referida ley, a objeto de proporcionarle un nivel de vida adecuado, que le asegure su desarrollo integral a la niña en auto, en el hogar de los esposos MADRIZ DÍAZ.
Consta en actas:
• Informe social realizado por el Centro de Atención Comunitaria Cabimas I, de fecha 10 de Octubre de 2000.
• Comunicación emanada de la asesoría jurídica del Hospital General Dr. Adolfo D´Empaire de fecha 23 de Octubre de 2000 a la Fiscal del Ministerio Público.
• Constancia emanada de la Jefatura Civil de la Parroquia Ambrosio Municipio Autónomo Cabimas.
• Copia fotostática del acta de matrimonio de los ciudadanos JORGE ANTONIO MADRIZ GONZALEZ y ARELYS DEL VALLE DIAZ DE MADRIZ
• Auto de avocamiento a la presente causa de esta Juez Unipersonal No. 1
Se evidencia de las actas procesales que desde que el día 1 de Octubre de 2001, no ha habido ninguna actuación de las partes en la presente causa.
Con ese antecedente, esté órgano Jurisdiccional pasa a decidir con la siguiente consideración:
PARTE MOTIVA
Esta Sentenciadora pasa de seguidas a analizar las disposiciones legales referidas a la perención de la instancia, a la luz del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen:
Artículo 267 cpc: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del juez después de vista la causa, no producirá la perención

Artículo 268 cpc; “La perención procede contra la Nación, los Estados y las Municipalidades, los establecimientos públicos, los menores y cualquiera otra persona que no tenga la libre administración de sus bienes, salvo el recurso sobre su representante”

Artículo 269 cpc: “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquier de los casos del artículo 267, es apelable libremente”
La institución de la perención de la instancia no está regulada expresamente en la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente, de tal forma, que deben aplicarse supletoriamente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil.
El autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil Tomo II”, considera con respecto a la perención de la instancia:

“El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (Después de un período de inactividad procesal prolongado el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal)”
“La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uyi singulis) y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir”

La autora y jurista Margelys Guevara Velásquez en su artículo titulado “Análisis de jurisprudencias de las Cortes Superiores de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente en la obra “Segundo año de vigencia de la Ley Orgánica para la protección del niño y del adolescente. Terceras Jornadas sobre la LOPNA, refiere:
“Ahora bien, se evidencia del contenido del artículo 268 del Código de Procedimiento, trascrito con anterioridad, la intención del legislador de no exceptuar de la institución procesal de la Perención de la Instancia, aquellos procedimientos donde estén involucradas personas que no hubiesen alcanzado la mayoría de edad”
De los artículos antes transcritos y de la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se hace preciso determinar si en el presente caso se han configurado los presupuestos procesales que hagan procedente la declaratoria perención de la instancia en virtud de la inactividad procesal anual, en este sentido, se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha realizado ninguna actuación desde el día 1 de Octubre de 2001, pues bien, de un simple computo se desprende que hubo inactividad procesal por mas de un año, en consecuencia esta Juzgadora acoge el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y por lo tanto debe declararse la perención de la instancia. Así se declara.

En este orden de ideas, el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República y en la jurisprudencia transcrita se sostiene que la negligencia de las partes no puede ser premiada manteniendo el demandado sujeto a un juicio pues ello contraviene el debido proceso y la propia finalidad del mismo, en consecuencia, por ser el debido proceso una garantía de carácter constitucional, es procedente la declaratoria de la perención de la instancia.
PARTE DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos esta Juez Unipersonal Temporal No. 1 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara consumada la perención y extinguida la instancia en la presente solicitud de INSCRIPCION AL REGISTRO CIVIL, intentada por los ciudadanos JORGE ANTONIO MADRIZ GONZALEZ y ARELYS DEL VALLE DIAZ DE MADRIZ, a favor de la niña en auto.
Publíquese, regístrese notifíquese y déjese copia certificada por secretaria.
Dada, Firmada y sellada en la Sala de Juicio, Juez Unipersonal Temporal Nº 1, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, extensión Cabimas. En Cabimas, a los 10 días del mes de Noviembre del 2005. Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
La Juez Unipersonal Temporal No.1,

Abog. María Mónica Delgado La Secretaria Suplente

Abog. Yuraima Luzardo
En la misma fecha siendo las 9:15 am, se publicó la presente sentencia interlocutoria bajo el Nº 1592-05.
La Secretaria Suplente

MMDC/wl.- Abog. Yuraima Luzardo