La República Bolivariana de Venezuela
En su nombre:
El Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Con sede en Cabimas

Expediente N° 051-99-16.

DEMANDANTE: La ciudadana ARAMINTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, casada, comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-2.769.439 y domiciliada en Ciudad Ojeda, Municipio Lagunillas del Estado Zulia.

DEMANDADOS: El ciudadano JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 2.771.717 y domiciliado en la Ciudad y Municipio Cabimas del Estado Zulia

Ante este Superior Órgano Jurisdiccional subieron mediante copias certificadas las actas que integran el presente expediente, remitidas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, referidas a la incidencia surgida en el juicio de DIVORCIO, con motivo de la apelación formulada por la parte demandante, ciudadana ARAMINTA HERNANDEZ DE RODRIGUEZ, ya identificada, contra la resolución dictada por dicho Juzgado de fecha 22 de diciembre de 1.998, dictada en la pieza de medidas.

En fecha 16 de junio de 1.999, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, le da entrada al presente expediente absteniendo se darle curso a la misma hasta tanto la parte apelante cumpla con los derechos arancelarios vigente para esa fecha.

En fecha 25 de abril de 2001, el Segundo Suplente de este Tribunal, se avocó al conocimiento de la causa, ordenando la notificación de las partes.

En fecha 27 de agosto de 2003, quien suscribe el presente fallo se avocó al conocimiento de la causa.

En fecha 13 de noviembre de 2003, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, en vista del tiempo transcurrido ordenó notificar a las partes por medio de un cartel, publicado en el Diario PANORAMA, a los fines de gestionar la misma, dado que el presente expediente ha ocupado espacio en los archivos de éste Despacho por mucho tiempo, sin que las partes hayan demostrado interés procesal en el mismo.

En fecha 03 de marzo de 2005, se ordenó la notificación del Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público del Estado Zulia. Ahora bien, por cuanto se hizo imposible la publicación de dicho cartel, pues él mismo resultaba muy costoso y no se pudo obtener ningún tipo de exoneración, por lo cual este Tribunal con la facultad que le otorga el articulo 269 del Código de Procedimiento Civil, procede a dictar la presente decisión previa las siguientes consideraciones.

COMPETENCIA

Por cuanto la presente causa es un juicio de carácter Familia y la sentencia apelada fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, del cual este Órgano es Jerárquicamente Superior, este Tribunal se declara competente para conocer esta apelación de conformidad con lo previsto en el articulo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así se decide.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Antes de entrar a decidir el problema material sometido a consideración de este Superior, es obligante revisar las actas del presente expediente a fin de verificar si existe la perención de la instancia por cuanto esta puede ser declarada de oficio, y de ser declarada no es necesario entrar a conocer sobre el punto apelado.

En efecto, consta en actas del expediente que este Tribunal mediante decisión de fecha 16 de junio de 1.999, este Juzgado le dio entrada absteniendo se darle curso a la presente causa hasta tanto la parte apelante cumpla con los derechos arancelarios vigente para esa fecha.

Ahora bien, de actas se evidencia que desde la fecha de la decisión de fecha 16 de junio de 1.999 hasta la presente fecha, la parte apelante ha mantenido inactiva la presente causa, demostrando desinterés en cuanto a lo relacionado con las gestiones conducente para que la presente causa continúe su curso legal.

Dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:

(…)
“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.”
(…)

Además, el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, dispone que para proponer la demanda debe el actor tener interés jurídico actual, y por analogía, para ejercer el recurso de apelación el apelante debe igualmente tener interés jurídico. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha orientado en considerar que dicho interés debe conservarse a todo lo largo del proceso. Así, la Sala Constitucional en sentencia No. 1.119 del 25 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, caso: Silvio Alterio, ha señalado:

(…)

“...Siguiendo la doctrina de la Sala, procede la perención de la instancia cuando tal inactividad ocurre prolongadamente antes de los informes, sin que la causa avance, ya que los actos sucesivos que automáticamente y oportunamente debían cumplirse, no se cumplen y el proceso queda paralizado, por lo que para continuarlo se requiere el impulso de al menos una de las partes, y la reconstitución a derecho de la otra.

...Tal inactividad, además, hace presumir que la parte accionante no tiene interés en que se administre justicia, por lo que existe un decaimiento de la acción. Ello es el reconocimiento de que el accionante ha renunciado, al menos respecto a esa causa, a la tutela judicial efectiva y al derecho de una pronta decisión. (Omissis)”.
(…)

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Yolanda Jaime de Guerrero, en sentencia No. 626 publicada en fecha 29 de abril de 2.003, en el juicio seguido por RUTH DAMARIS MARTÍNEZ LEZAMA contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, expediente No. 14.648, señaló:

(…)
“…Ha sido pacífico y reiterado el criterio conforme al cual la perención de la instancia, constituye un medio de terminación procesal que opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso... (Omissis)...
(…)

Partiendo de la premisa anterior y siendo que la perención de la instancia es declarada de oficio, el Tribunal observa:

Que, en el caso sub iudice ha transcurrido más de cinco (05) años, contados a partir de la decisión de fecha 16 de junio de 1.999, hasta la presente fecha, superando el lapso previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, excluyendo de dicho lapso los paros escalonados y la paralización indefinida de las actividades judicial decretada por los trabajadores tribunalicios dentro de dicho tiempo y, desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre, como desde el 24 de diciembre al 06 de enero de los años 1.999, 2.000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, por efecto de las vacaciones del Tribunal, exclusión que se hace conforme a los alcances del Parágrafo Primero del artículo 202 y 201 eiusdem, respectivamente. Por lo expuesto, este Superior Órgano Jurisdiccional declarará en el dispositivo de la presente decisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil la extinción de la instancia, producto de la inactividad de la parte apelante desde el 16 de junio de 1.999, hasta la presente fecha, ya que la misma no ha gestionado lo conducente para que la causa continúe su curso legal. Así se decide.

En otro orden de ideas, en Sentencia de fecha 01 de junio de 2001, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el exp. No. 00-1491, dejó asentado que: la notificación de las partes podría efectuarse “…en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil,…”, y por cuanto de actas, no se constata la dirección exactas de las partes, este Tribunal ordena de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, notificar a las partes, por medio de la imprenta, con la publicación de un cartel en el Diario PANORAMA, para hacerle saber que este Superior Órgano Jurisdiccional dictó la presente decisión a los fines de que ejerzan si lo creen conveniente el recurso de Ley, contados a partir de que conste en autos su notificación. En tal razón deberá comparecer ante la Sala de este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguiente a la publicación y consignación que del presente Cartel se haga en el presente expediente a darse por notificado. Advirtiendo a las partes que de no comparece en el lapso señalado se le tendrá por notificados, todo ello a los fines de que no transcurra más tiempo el expediente en esta Alzada, ocupando espacio en los archivos de este Tribunal.- Dicho cartel será librado conjuntamente con otras notificaciones de expedientes de la misma situación que el presente caso.

Dispositivo.

Por los fundamentos expuestos, este juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Jurisdicción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, administrando justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la ley, declara:

Extinción de la instancia producto de la inactividad de la parte apelante desde el 16 de junio de 1.999, hasta la presente fecha, ya que la parte apelante no ha gestionado lo conducente para que la presente causa continúe su curso legal.

La decisión aquí motivada trae como consecuencia la firmeza de la cosa juzgada de la decisión apelada conforme a lo previsto en el artículo 270 de la Ley Adjetiva Civil, en su parte final.

No hay condenatoria en costas procesales por mandato del artículo 283 del mismo texto legal.

Regístrese, publíquese y notifíquese a las partes como quedó expresado y al Fiscal Décimo Quinto del Ministerio Público de ésta Circunscripción Judicial.- Déjese copia certificada del presente fallo, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 de Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil, y a los fines legales previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dado, Firmado, Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Jurisdicción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil cinco (2.005). Año 194º y 146º de la Federación.

El Juez,

Dr. José Gregorio Nava
La Secretaria,

Marianela Ferrer González

En la misma fecha, se dicto y publico este fallo, Expediente Nº 051-99-16, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.).

La Secretaria,

Marianela Ferrer González.