REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO DÉCIMO DE CONTROL
MARACAIBO, 12 DE ABRIL DE 2004
194° Y 146°
DECISIÓN N° 642-05.- CAUSA N° 10C-614-03.-
Vista el acta de Diferimiento de Audiencia Preliminar que antecede, mediante la cual el Abog. JOSÉ ANGEL MÉNDEZ, Fiscal Vigésimo Octavo del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, solicita se le revoque la Medida Cautelar otorgada a los acusados AGUSTÍN ALMAZO FERNÁNDEZ, LORENSO GÓMEZ EPIEYÚ Y AUGUSTO EPIEYÚ y se le decrete Orden de Aprehensión, conforme a lo dispuesto en el Artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal; en virtud de reiteradas e injustificada incomparecencia de los mismos en el Acto de Audiencia Preliminar, éste Tribunal en funciones de Control, una vez analizadas las actas que conforman la presente causa y revisadas como han sido las mismas se observa que en fecha 24-02-05, este Juzgado fijó AUDIENCIA PRELIMINAR a realizarse el 04-04-05, en la cual se dejo constancia de la inasistencia de los imputados de actas AGUSTÍN ALMAZO FERNÁNDEZ, LORENSO GÓMEZ EPIEYÚ Y AUGUSTO EPIEYÚ.
Por otra parte, se desprende que a los imputados: AGUSTÍN ALMAZO FERNÁNDEZ, LORENSO GÓMEZ EPIEYÚ Y AUGUSTO EPIEYÚ, se le otorgó Medida Cautelar Sustitutiva de la Privativa de Libertad, en fecha 02-06-03 conforme a los numerales 3° y 4° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal; sin embargo de la revisión del Libro de Control de Presentaciones de Imputados, se evidencia que los procesados no han cumplido con su obligación de presentarse por ante este tribunal como fuera impuesto, sin que conste justificación alguna para ello. Tal conducta de los imputados resulta inadecuada, lo que hace suponer que no dará cumplimiento a los actos del proceso, surgiendo para este Órgano Jurisdiccional el deber jurídico de adoptar las medidas que garanticen la continuidad del proceso.
En efecto, el artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal establece:
“La medida cautelar acordada al imputado será revocada por el juez de control, de oficio o previa solicitud del ministerio Público, o de la víctima que se haya constituido en querellante en los siguientes casos:
1. Cuando el imputado apareciere fuera del lugar donde debe permanecer;
2. Cuando no comparezca injustificadamente ante la autoridad judicial o del Ministerio Público que lo cite.
3. Cuando incumpla sin motivo justificado, UNA cualquiera de las presentaciones a las que está obligado.”
Por su parte, el artículo 251 del actual Código Orgánico Procesal Penal, al definir el peligro de fuga ordena tomar en cuenta para ello, especialmente, las siguientes circunstancias: el arraigo en el país del imputado, determinado por su domicilio o residencia habitual, la pena que podría llegar a imponerse en el caso, la magnitud del daño causado, la conducta predelictual del imputado, entre otros aspectos, y “El comportamiento del imputado durante el proceso, o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal:…”
Al precisar que, de acuerdo a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la facultad de revisión y aun de revocación de las medidas cautelares corresponde al juez que esté conociendo de la causa, aun cuando previamente hubiese acordado una medida cautelar cuando variaren las circunstancias que determinaron su imposición, debe destacarse igualmente que, el fin del proceso es la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia por las vías jurídicas, determinando la inocencia del imputado en un debate oral y público con plena garantía del principio del debido proceso y por ende, del derecho a la defensa y del contradictorio como atributos de aquel; o que haga factible la materialización del poder punitivo del Estado y de la reparación del daño a la víctima, todo lo cual exige el sometimiento del justiciable al proceso, voluntaria o coactivamente.
En tal sentido resulta determinante para la adopción de las medidas que garanticen esos objetivos, considerar no sólo la entidad del delito y del daño causado, sino también la conducta del imputado dentro del proceso, reveladora de su intención de someterse o no a él, tal como lo prescribe el numeral 4 del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Pernal, al definir los elementos constitutivos de la presunción de fuga; circunstancia que no depende de una consideración individual o acumulativa de los supuestos contemplados en la norma, sino determinable en cada caso, ya que la constatación de un solo incumplimiento debe considerarse una forma de conducta impropia del acusado dentro del proceso, asimilable al peligro de fuga, siendo procedente la revocación de la cautelar concedida, y su aprehensión inmediata. Y ASÍ SE ESTABLECE.
De las actuaciones que conforman la presente causa, se consideran llenos los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y constatado el incumplimiento injustificado de las obligaciones impuestas al procesado, resulta obvio que tales medidas cautelares deben revisarse y revocarse, ya que se configura una presunción razonable de que, el imputado no dará cumplimiento a los actos del proceso, siendo procedente su detención inmediata, conforme a lo ordenado por el artículo 262 del vigente Código Adjetivo Penal, para lo cual se acuerda librar la respectiva ORDEN DE APREHENSIÓN. Y ASÍ SE DECIDE.
Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este JUZGADO DÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos:
PRIMERO: Conforme a lo señalado en el numeral 3 del artículo 262 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, en concordancia con el numeral 4 del artículo 251 ejusdem, que trata sobre el peligro de fuga por el comportamiento del procesado, REVOCA LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA previstas en los numerales 3° y 4° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, acordadas en fecha 02-06-03 por este Juzgado a los procesados los acusados AGUSTÍN ALMAZO FERNÁNDEZ, de nacionalidad Venezolana, natural de la Guajira, de 33 años de edad, soltero, comerciante, Titular de la Cédula de Identidad N° V-9.764.999, hijo de Francisca Fernández y Agustín Epieyu, residenciado en Barrio Valle Encantado, Calle 8, Casa N° 19B-13 y en los Filuos, calle y casa S/N, cerca del puesto de la Policía Regional, Municipio Páez del Estado Zulia; LORENSO GÓMEZ EPIEYÚ, de nacionalidad Venezolana, natural de la Guajira, de 23 años de edad, soltero, obrero, indocumentado, fecha de nacimiento 07-08-80, hijo de Ana Luisa Epieyu y Jorge Gómez, residenciado en la Alta Guajira, calla y casa S/N, Municipio Alta Guajira, Estado Zulia; y AUGUSTO EPIEYÚ, de nacionalidad venezolana, natural de Guajira, de 19 años de edad, soltero, obrero, indocumentado, hijo de Carmela Epieyu y Hernán Epieyu, residenciado en la Alta Guajira, calle y casa S/N, Municipio Alta Guajira del Estado Zulia, ordenando sus inmediatas detenciones e ingreso al “Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite” de esta ciudad, donde quedará a la orden de este Tribunal, para la reanudación del proceso que se le sigue como coautor, por el delito de TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS, previsto y sancionado en el Articulo 83 de la Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos, en concordancia con el Numeral 9° del Articulo 9 Ejusdem, en perjuicio del Estado Venezolano, todo de conformidad con el Ordinal 1º del artículo 44 de la Constitución Nacional.
SEGUNDO: Ofíciese lo conducente y remítase anexa ORDENES DE APREHENSIÓN, para que los acusados sean informados de la causa de su detención, de la autoridad que la ha dispuesto y a la orden de quién estará, conforme al artículo 255 del Código adjetivo penal, debiendo observarse en dichas diligencias las formalidades y principios establecidos en el artículo 117 Ejusdem; debiendo el referido funcionario presentar al aprehendido ante este Tribunal dentro del lapso de Ley.
Regístrese, publíquese y notifíquese.
FREDDY HUERTA RODRÍGUEZ
JUEZ DÉCIMO DE CONTROL.
ABOG. SOLANGE VILLALOBOS
LA SECRETARIA
En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión bajo el N° 642-05, y se oficio bajo el No. 937-05-
LA SECRETARIA,
FHR/am
CAUSA N° 10C-614-03.-
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