República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1
PARTE NARRATIVA
Consta en autos solicitud de DIVORCIO ORDINARIO, solicitada por la ciudadana MARIA ISABEL LARA MENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nª 6.143.297, domiciliada en el Municipio Autónomo de San Francisco del Estado Zulia, asistida por la abogada MARIA AGRIPINA GONZALEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nª 60.533 en contra del ciudadano ANTONIO SEGUNDO VALECILLOS, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N°6.133.448, De la unión matrimonial procrearon tres hijos de nombres: ELIZABETH DEL CARMEN, CARLOS ANTONIO Y RICARDO JOSE VALECILLOS LARA, según se evidencia de las actas de nacimiento que corre en las actas de la presente causa.
En fecha 17 de Junio de 2003, este Tribunal le dió entrada a la presente causa, ordenando formar expediente y numerarlo con el No: 3741. Emplácese a ambas partes para que comparezcan personalmente por ante la Sala de Juicio de este Tribunal, a las diez (10:00 a.m.) de la mañana del cuadragésimo sexto (46) día después de citada la demandada, a fin de llevar a cabo el primer (1) acto conciliatorio, haciéndoles saber que si la reconciliación no se lograre en dicho acto, quedarán emplazadas para que comparezcan personalmente, a las diez (10:00 a.m.) de la mañana del cuadragésimo sexto día continuo siguiente a la celebración del primer (1) acto conciliatorio, a fin de llevar a cabo el segundo (2) acto conciliatorio. De no lograrse la reconciliación, y si la parte demandante insiste en continuar con la demanda, ambas partes quedarán emplazadas para el acto de contestación de la demanda, el cual se efectuará al quinto (5º) día de despacho siguiente a la celebración del segundo acto conciliatorio, en el horario comprendido de 8:30 am a 2:30 pm. Se ordenó librar recibo de citación, acompañada de los respectivos recaudos, y a expresar mediante diligencia, la dirección donde se practicará la citación de la parte demandada, dentro de los treinta (30) días continuos a la presente fecha. Asimismo se reciben las pruebas indicadas por la parte actora. De la misma manera, se ordenó Notificar a la Fiscal Especializada del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En la misma fecha se libraron Boleta de Notificación y recibo de citación.
En fecha 22-07-2.003, se dio por notificada la Fiscal Especializada del Ministerio Público. En fecha 23-07-2.003 se agregó al expediente.
En fecha 06-08-2.003, el Alguacil de esta Sala expuso que se trasladó en fecha 21-07-2.003, al Barrio El Manzanillo calle 14 casa S/N donde antiguamente funcionaba una escuela preescolar al lado del abasto Alfredo, con el fin de citar al ciudadano ANTONIO SEGUNDO VALECILLOS, no encontrándose el mencionado ciudadano.
En fecha 27-11-2.003, la ciudadana MARIA ISABEL LARA MENDEZ asistida por la abogada Maria González, solicitó a este Tribunal citar por Carteles al ciudadano ANTONIO SEGUNDO VALECILLOS.
En fecha 28-11-2.003, el Tribunal ordenó citar por Carteles al ciudadano ANTONIO SEGUNDO VALECILLOS, conforme a lo dispuesto en el articulo 461 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente y 223 del Código de Procedimiento Civil. Ese mismo se libró los carteles.
A partir de esa misma fecha quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de la parte demandante de este proceso, ciudadana MARIA ISABEL LARA MENDEZ.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
I
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 28 de Noviembre de 2003; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
d) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
e) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
f) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
II
Ahora bien, en este orden de ideas explica el jurisconsulto Hernando Devis Echandìa, en su obra Nociones Generales del Derecho Procesal Civil, Capítulo XIX, Teoría de los Actos Procesales:
“…los actos procesales son simplemente actos jurídicos en relación con el proceso; esto es, actos emanados de la voluntad de su autor y de importancia jurídica, inmediata para el proceso; son actos que emanan de la voluntad humana y que tienden a producir un efecto en la realidad jurídica procesal, es decir, en la constitución, conservación, desarrollo, modificación o extinción de una relación procesal.
Pero debe existir una relación inmediata y directa entre el acto y el proceso, porque hay actos jurídicos que pueden servir para el proceso, y sin embargo no son actos procesales, tales como el poder que se otorga a un abogado para demandar u oponerse a una demanda; como el contrato que sirve de título ejecutivo, como la violación del derecho ajeno que produce el litigio y la necesidad del juicio, o como el pago que puede ser alegado para demostrar la falta de derecho en el actor, etc…”
Por las razones antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
a) PERIMIDA LA INSTANCIA en la solicitud de DIVORCIO ORDINARIO solicitado por la ciudadana MARIA ISABEL LARA MENDEZ, contra el ciudadano ANTONIO SEGUNDO VALECILLOS, en relación con los niños y/o adolescentes ELIZABETH DEL CARMEN, CARLOS ANTONIO Y RICARDO JOSE VALECILLOS LARA antes identificados.
b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los trece(13) días del mes de Abril de dos mil Cinco. 194º de la Independencia y 146º de la Federación.
El Juez Unipersonal N° 1,
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero
La Secretaria.
Angélica María Barrios
En la misma fecha, siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No._________. La Secretaria
Exp;3741
HRPQ/david.-
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