REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA JUZGADO NOVENO DE CONTROL 194° y 145° ACTA DE PRESENTACIÓN DE IMPUTADO DECISIÓN N° 1.456-04 CAUSA N° 9C-1.020-04.- En el día de hoy, jueves veintiocho (28) de Octubre de 2004, siendo las 4:30 de la tarde, comparece el Abogado FEDERICO ESPINA, en su carácter de Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, quien seguidamente expuso: ”Presento en este Acto al ciudadano EDIXIO JOSÉ FUENMAYOR BRAVO quien está involucrado en la comisión del delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en los artículos 282 del Código Penal, y solicito para el mismo Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, conforme lo prevé el artículo 256, ordinal 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal. Asimismo solicito la aplicación del Procedimiento Ordinario en la presente causa, es todo”. Seguidamente el Tribunal procede a identificar a los imputados de autos de conformidad con lo previsto en los artículos 126 y 127 del Código Orgánico Procesal Penal, de la siguiente forma: en primer al imputado EDIXIO JOSE FUENMAYOR BRAVO, de nacionalidad Venezolana, natural de Maracaibo, Estado Zulia, de 26 años de edad, de estado civil, soltero, de profesión u oficio comerciante, titular de la cédula de identidad N° V-13.008.366, hijo de Isabel Bravo y de Edilberto Fuemayor, fecha de nacimiento 05-06-78, y residenciado en el sector La Macandona, avenida 79H, N° 65, Maracaibo. Seguidamente se procede a dejar constancia de sus señales particulares, y son las siguientes: Como de 1,56 centímetros de estatura, rubio, cabello castaño claro, rostro ovalado, nariz pequeña, ojos verdes, cejas pobladas, labios finos, contextura delgada, orejas paradas, se le aprecia un tatuaje en el pecho del lado derecho en forma de corazón, es todo. En este estado y con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa de quien hoy es individualizado ante este Tribunal, se procede a interrogar al imputado acerca de si cuenta con la asistencia jurídica de algún abogado de su confianza que lo represente en este acto, respondiendo a tal pregunta lo siguiente: “No, es todo”. En consecuencia, este Tribunal procede a designarle un defensor público, el cual ha recaído en la persona de la Dra. MARIA ALEXANDRA GONZALEZ, Defensora Pública N° 47 Penal Ordinario e Indígena, adscrita a la Unidad de la Defensa Pública de este Circuito Judicial. Asimismo, presente como se encuentra en la Sala de este Tribunal el referido abogado, se procedió a notificarle verbalmente de la designación recaído en su persona, a objeto de que manifieste su correspondiente aceptación o excusa al mismo, a lo cual expuso: “Me doy por notificada de la designación recaída en mi persona, y acepto la defensa del referido imputado, es todo”. Seguidamente el imputado fue impuesto de sus Garantías y Derechos Constitucionales y legales, previstos en el artículo 49, ordinal 1° de la Constitución Nacional y los artículo 125 y 131 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando estar dispuesto a declarar y en consecuencia, manifestó lo siguiente: “Estaba yo parado frente a una tascaron u compañero de trabajo de nombre NELSON TIGRERA, trabaja en OKINAWUA Country Club, esperando un taxi, cuando de repente se aparece un carro con cuatro personas, casi me atropella, yo le digo al chofer que casi me llega, entonces como estaban tomados ellos se molestaron, como eran 4, cuando de repente se vinieron hacia mi, y me dio dos golpes el chofer en el pecho, y entonces al ver que me iban a golpear y venían con palos, yo para defenderme saqué el arma, no los apunté, simplemente les dije qué por qué me golpeaban, pero el arma nunca la accioné, simplemente la saqué para defenderme para que ellos no me fueran a golpear, se montaron en el carro y se fueron, y luego se apareció una patrulla y me llevaron detenido, es todo”. Seguidamente se le concede la palabra a la defensa, y expuso:”Luego de haber escuchado a mi defendido, la defensa observa que el mismo actúo en legitima defensa de su persona, tal como lo dispone el ordinal 3° del artículo 65 del Código Penal, ya que tal como éste lo expresó, lo que pretendió fue impedir que continuaran agrediéndolo las personas que formularon la denuncia en su contra, lo cual se infiere deque mi defendido, aún teniendo el arma cargada con balas, el mismo no accionó en momento alguno en contra de persona alguna, es por lo que la defensa tomando en consideración que el mismo artículo 282 del Código Penal, exime en los casos de legítima defensa, solicito la LIBERTAD INMEDIATA de mi defendido, en caso contrario solicito que el Fiscal del Ministerio Público tome la declaración al ciudadano NELSON TIGRERA, testigo presencial de los hechos, y en tal sentido se imponga una medida cautelar menos gravosa a mi defendido, es todo”. EN ESTE ESTADO, ESTE JUZGADO NOVENO DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA, pasa a resolver los planteamientos formulados por el Fiscal del Ministerio Público, el imputado y la defensa, de la siguiente forma: “Estudiadas como han sido todas y cada una de las actas que conforman la presente investigación, observa este Juzgador que el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana establece: “La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso”. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no causará impuesto alguno”. De tal forma, que al hacer un análisis de la norma in commento, de la misma se desprende que la libertad individual, funciona como una garantía inherente a la persona humana, limitativa de las competencias restrictivas de los órganos de seguridad del Estado, ya que estos sólo podrán privar de su libertad a un ciudadano determinado, cuando este se encuentre o bien, cometiendo un delito, para lo cual deberán verificarse los supuestos de la flagrancia que establece el artículo 248 del Código orgánico Procesal Penal, o bien, cuando haya sido emitida una orden judicial por un Tribunal competente, la cual deberá velar por la perfecta concurrencia de todos y cada uno de los requisitos legales consagrados en el artículo 250 del texto adjetivo penal. En tal sentido, de lo anteriormente planteado se desprende que la disminución de la garantía de libertad individual, solo puede darse bajo dos supuestos claramente definidos, a saber: a) Cuando se es sorprendido de manera flagrante, en la comisión de un ilícito penal. Con respecto a este punto, se hace además necesario precisar que el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, al definir la flagrancia, señala que “cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad…” En virtud de lo cual es necesario no solo que la persona sea aprehendida flagrantemente sino que además, el hecho por el cual haya sido sorprendido este ciudadano, amerite pena privativa de libertad, ya que de lo contrario, la acción policial sólo podrá ser ejercida de forma proteccionista a los intereses colectivos, sin que esto involucre la aprehensión física del ente criminógeno; b) Cuando la detención sea ordenada conforme a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal, por un Juez de Control, para lo cual deberá dicho Juzgador, tomar en consideración todos los requisitos previstos en la misma norma. Con respecto a este supuesto, una vez que la persona solicitada haya sido efectivamente aprehendida deberá ser puesta a la orden del Tribunal del Control respectivo; es decir, ante aquel Tribunal de Control que librara la orden de captura previa a la aprehensión si fuere el caso; o, en caso de aprehensión por flagrancia, ante el Tribunal de Control de turno según el sistema administrativo de distribución vigente, en un lapso que no podrá exceder de 48 horas; lapso este que tiene por objeto enmantar al imputado o imputada de las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho a la defensa. Ahora bien, en el caso sub iudice, se evidencia que nos encontramos en presencia de un hecho punible, enjuiciable de oficio, que merece pena corporal, sin encontrarse evidentemente prescrita la acción penal para perseguirlo, el cuales es el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 282 del Código Penal, asimismo surgen de actas plurales y fundados elementos de convicción para estimar que el imputado en mención, ha sido autor o partícipe en los hechos que se le imputan, pero estos supuestos pueden ser razonablemente satisfechos con una medida menos gravosa, siendo lo procedente en este caso específico, decretar, como en efecto se hace, Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en favor del mencionado imputado, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ordinal 3°, por lo que el referido imputado deberá presentarse por ante este Tribunal cada 30 días, contados a partir de la presente fecha. Asimismo, es procedente de conformidad con lo establecido en el artículo 373, ordenar la prosecución de la presente causa, a través del procedimiento ordinario. Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decide: PRIMERO: Decreta Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, en favor del mencionado imputado EDIXIO JOSE FUENMAYOR BRAVO, ampliamente identificados en dicha acta, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en su ordinal 3°. SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 373, se ordena la prosecución de la presente causa, a través del procedimiento ordinario. Y así se decide. Se deja constancia que se cumplieron con las formalidades de Ley. Quedan Notificadas las partes de la presente decisión. Ofíciese al ciudadano Director del Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas El Marite bajo el N° 2.757-04. La presente decisión quedo registrada bajo el N° 1.456-04. Se da por concluida el acto siendo las dos de la tarde (5:30 p.m.), es todo. Terminó, se leyó y conformes firman. EL JUEZ NOVENO DE CONTROL, DR. HUMBERTO CUBILLAN VIVAS. EL FISCAL AUX. 2 DEL MINISTERIO PÚBLICO, ABOG. FEDERICO ESPINA. EL IMPUTADO, EDIXIO FUENMAYOR. LA DEFENSORA PÚBLICA, Abg. MARIA ALEXANDRA GONZALEZ.