República Bolivariana de Venezuela En su Nombre Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1 PARTE NARRATIVA Consta en autos procedimiento de SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES, incoado por los ciudadanos ALVIN ANTONIO ROMANO VILLALOBOS y THAYRIS JOSEFINA GUZMAN MORALES, cónyuges, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad No(s): 7.818.646 y 9.726.712 respectivamente, asistidos por el abogado WILMER PORTILLO RANGEL, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 50.226. De esta unión procrearon tres hijos que llevan por nombre FABRIZIO ALESSANDRO, SANTIAGO PAULO y NILDA GRACIELA ROMANO GUZMAN. A esta demanda se le dió entrada el día 19 de Septiembre de 2002, ordenándose formar expediente y numerarlo con el No 2776; asimismo, el Tribunal decretó la Separación de Cuerpos y Bienes de los ciudadanos ALVIN ANTONIO ROMANO VILLALOBOS y THAYRIS JOSEFINA GUZMAN MORALES. Además, en lo que respecta a los niños y/o adolescentes la Patria Potestad será compartida por ambos progenitores, en relación a la Guarda y Custodia, Régimen de Visitas y Pensión Alimentaria, el Tribunal mantuvo vigente lo acordado por las partes en el escrito de solicitud. Asimismo, se expidieron las copias certificadas que fueren menesteres y se ordenó notificar al Fiscal Especializado del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. . A partir de esa fecha, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de las partes de este de proceso, ciudadanos ALVIN ANTONIO ROMANO VILLALOBOS y THAYRIS JOSEFINA GUZMAN MORALES. Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones: PARTE MOTIVA ÚNICO El Tribunal observa que en fecha 19 de Septiembre de 2002, fue decretada la Separación de Cuerpos y Bienes en el presente expediente, de manera que a partir del 20 de Septiembre de 2003, nacía el derecho para las partes de solicitar la Conversión de Separación de Cuerpos en Divorcio. Del 20 de Septiembre de 2003 al 20 de septiembre de 2004, transcurrió un (01) año sin que las partes hiciesen la referida solicitud, y considera por lo tanto este Tribunal que el presente expediente debe declararse la Perención en Instancia porque discurrió el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso. A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera: “1) Concepto. a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento. b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191. c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”. Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Por las razones antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la Jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal; y así se declara. PARTE DISPOSITIVA D E C I S I Ó N Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: a) PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente Procedimiento de SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES, intentado por los ciudadanos ALVIN ANTONIO ROMANO VILLALOBOS y THAYRIS JOSEFINA GUZMAN MORALES, asistidos por el abogado WILMER PORTILLO RANGEL, antes identificados. b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese, notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría. Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, a los catorce días del mes de Octubre de dos mil cuatro. 194º de la Independencia y 145º de la Federación. El Juez Unipersonal N° 1, Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero La Secretaria Accidental. Abog. Angélica María Barrios. En la misma fecha, siendo las nueve de la mañana, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No._________. La Secretaria. Exp.: 2776 HRPQ/ acol.