TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO ZULIA
CORTE DE APELACIONES SALA N° 3
Maracaibo, 12 de noviembre de 2004
194º y 145º

DECISIÓN Nº 421-04
PONENCIA DE LA JUEZA PROFESIONAL: Dra. LUISA ROJAS DE ISEA.

Han subido las presentes actuaciones procesales a esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, en virtud de la competencia funcional, relacionadas con el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA, venezolano, titular de la cédula de Identidad N° 4.754.112, en su carácter de presunta víctima, asistido por el abogado ABRAHAM LEON, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 16.867, en contra de la decisión N° 1128-04, dictada en fecha 08-09-04 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual declaró INADMISIBLE la denuncia interpuesta por el ciudadano DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA en contra de los ciudadanos ERMINSON OVALLES y YELIS RODRÍGUEZ, en su condición de Jefe Civil y Secretaria Respectivamente de la Jefatura Civil de la Parroquia Chiquinquirá de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal cometido en perjuicio de la Administración de Justicia, interponiendo el mismo de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal.
Recibida la Causa, se le dio entrada y se designó como ponente a la Jueza Profesional que con tal carácter suscribe la presente decisión, admitiéndose el recurso interpuesto por auto motivado en fecha 04-11-04, por lo que llegada la oportunidad de resolver este Tribunal ad quem lo hace bajo las siguientes consideraciones jurídicas procesales:

I. PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR LA PRESUNTA VICTIMA CIUDADANO DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA:
El ciudadano DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA, actuando con el carácter de presunta víctima, formuló su recurso de apelación con fundamento en las siguientes denuncias:

“...VISTA LA DECISIÓN N° 1128-04, DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2004, DONDE SE DECLARA INADMISIBLE LA DENUNCIA INPERPUESTA POR MI PERSONA EN CONTRA DEL ABOGADO ERMINSON OVALLES Y LA ABOGADA: YELIS RODRÍGUEZ, JEFE CIVIL y SECERTARIA DE LA JEFATURA CIVIL DE LA PARROQUIA CHIQUINQUIRÁ DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, POR VERSE CONVERTIDOS EN: COMPLICES DE LOS DELITOS DE OMISIÓN DE REGISTRO DE NACIMIENTO, COMETIDOS POR EL CIUDADANO: (SIC) ORLANDO ACOSTA, INTENDENTE DE SEGURIDAD o JEFE CIVIL ADSCRITO A LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA, QUIEN SE NEGÓ A NISERTAR Y CERTIFICAR INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU NACIMIENTO, LAS PLANILLAS O CONSTANCIAS DE NACIMIENTO VIVO, ENVIADAS A LOS DIRECTORES DE LA MATERNIDAD DR. ARMANDO CASTILLO PLAZA Y HOSPITAL CHIQUINQUIRÁ DE MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, VIOLANDO LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTS: 16, 17, 18 y 19 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, COMETIENDO CON CONOCIMIENTO DE CAUSA EL DELITO DE OMISIÓN DE REGISTRO DE NACIMIENTO, DELITO PENAL QUE SE ENCUENTRA PREVISTO Y TIPIFICADO EN EL ART.273 PARAGRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGANICA PAR LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE Y COMO ESTA DECISIÓN DE DECALARATORIA DE INADMISIBILIDAD, PONE FIN AL PROCESO O LO SUSPENDE CONDICIONALMENTE (SIC), ES POR LO QUE HE VENIDO A INTERPONER COMO EN EFECTO ESTOY INTERPONIENDO, EN TIEMPO HABIL: RECURSO DE APELACIÓN DE AUTOS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 447 NUMERAL 1 DE LA REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO Y HAGO LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES:

“…PRIMERO: LA DECISIÓN DICTADA, POR EL DR. HUMBERTO CUBILLAN VIVAS, EN SU CONDICIÓN DE JUEZ NOVENO DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, CERCENA MI DERECHO DE ACCESAR A LOS ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARA HACER VALER MIS DERECHOS E INTERESES, INCLUSO LOS COLECTIVOS Y DIFUSOS, A LA TUTELA EFECTIVA DE LOS MISMOS Y A OBTENER CON PRONTITUD LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE Y EL ESTADO GARANTIZARA UNA JUSTICIA GRATUITA, ACCESIBLE, IMPARCIAL, IDONEA, TRANSPARENTE, AUTONOMA, INDEPENDIENTE, RESPONSABLE, EQUITATIVA Y EXPEDITA, SIN DILACIONES INDEBIDAS, SIN FORMALISMO O REPOSICIONES INÚTILES, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ART. 26 DE NUESTRA CARTA MAGNA O CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA; ASÍ COMO LA REFERIDA DECISIÓN DE INADMISIBILIDAD, ME CERCENA EL DERECHO QUE TENGO A LA QUEJA O A LA PETICIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 9 y 10 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN CONCORDANCIA CON DISPOSICIONES PREVISTAS EN EL ART. 51 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y ARTÍCULO 13 DE LA LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS O PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA No: (sic) DE FECHA CARACAS 14 DE JUNIO DE 1978.
SEGUNDO: EL DR. HUMBERTO CUBILLAN VIVAS, JUEZ NOVENO DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, CONCEDE PERFECTAMENTE LA TENDENCIA LATINA, ES DECIR, DURA ES LA LEY y EL JUEZ CONOCE ("DURA LEX, SED LEX" "IURA NOVIT CURIA"),POR LO QUE AL TENER CONOCIMIENTO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE UN HECHO PUNIBLE DE ACCIÓN PÚBLICA, ESTÁ (sic) A DENUNCIAR ESTA SITUACIÓN IRREGULAR VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLATORIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, (sic) LA FISCALIA SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO ZULIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 287 NUMERAL 2 DE LA REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO y AL NO HACERLO INCURRE EN DENEGACION DE JUSTICIA, FALTA (sic) PREVISTA EN EL ART. 6 DEL MENCIONADO CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, RETARDA EL PROCESO Y DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA AL FAVORECER A LAS IMPUTADAS: DRA RUBIS GOMES y DRA. PATRICIA NAVA, JUEZ Y SECRETARIA DEL JUSZGADO TERCERO DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, COMETE UN DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LLAMADO ENCUBRIMIENTO, DELITO PREVISTO EN EL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, ESPECIFICAMENTEEN EL ART. 255, MOTIVO POR EL CUAL LA FISCALIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO ZULIA, ESTARÍA OBLIGADA A REALIZAR TODAS LAS DILIGENCIAS TENDENTES A DETERMINAR LA VERACIDAD O FALSEDAD DE LA DENUNCIA, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTS:11,24,283,300,y309 DE LA REFORMA DEL CÓDIGO ORGANICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTS:29 y 30 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y PRESENTAR ANTE EL JUEZ DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, LA EFECTIVA ACUSACIÓN PENAL EN CONTRA DE LOS RESPONSABLES O CULPABLES DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS y EN CONTRA DE LOS RESPONSABLES O CULPABLES DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS DEL NIÑO, YA QUE DIEZ NIÑO Y NIÑAS (sic) INDIGENAS O NO INDIGENAS, NACIDOS EN LA MATERNIDAD DR. ARMANDO CASTILLO PLAZA y HOSPITAL CHIQUINQUIRA DE MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, SE ENCUENTRAN SIN SER REGISTRADOS CONFORME A LAS LEYES VENEZOLANAS y HAN SIDO CONVERTIDOS POR EL PROPIO ESTADO VENEZOLANO, EN SERES HUMANOS APATRIDAS O APATRIADAS, ES DECIR, EN NIÑOS Y NIÑAS, SIN NOMBRES, SIN NACIONALIDADES, IDENTIDADES, SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, SIN DERECHO A NADA, PORQUE LEGALMENTE "NO EXISTEN" Y EL DR. HUMBERTO CUBILLAN (sic) JUEZ NOVENO DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, AL NO DENUNCIAR ESTA SITUACIÓN IRREGULAR VIOLATORIA DE DERECHOS HUMANOS Y VIOLATORIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, MOTIVO POR EL CUAL TAMBIÉN DEBERÍA SER: ENJUICIADO ,PROCESADO Y PENADO DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, POR COMETER UN DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DENOMINADO "ENCUBRIMIENTO".
TERCERO: LA DENUNCIA DICTADA, POR EL DR. HUMBERTO CUBILLAN VIVAS, EN SU CONDICIÓN DE JUEZ NOVENO DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, CERCENA EL DERECHO A LA DEFENSA A MAS DE DIEZ MIL PADRES Y A MAS DE DIEZ MIL MADRES, (10.000) QUIENES TAMBIÉN TIENEN NIÑOS y NIÑAS, NACIDOS o NACIDAS EN LA MATERNIDAD DR. ARMANDO CASTILLO PLAZA y EN EL HOSPITAL CHIQUINQUIRA DE MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA, DURANTE LOS AÑOS 2.000, 2001, 2002 y 2003, QUE NO FUERON REGISTRADOS INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU (sic) COMO LO ESTABLECE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, EN SUS ARTS: 16,17,18 y 19, EN CONCORDANCIA EN LO PAUTADO EN EL ART. 7 NUMERALES 1 y 2 DE LA LEY APROBATORIA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, PUBLICADA EN GACETA OFICIAL EXTRAORDINARIA No.34.541 DE FECHA CARACAS 29 DE AGOSTO 1990, SIENDO CONVERTIDOS EN SERES HUMANOS APATRIDAS o APATRIADAS, ES DECIR: NIÑOS Y NIÑAS, SIN NOMBRES, SIN NACIONALIDADES, SIN IDENTIDADES, SIN PERSONALIDAD JURÍDICA, SIN DERECHO A NADA, PORQUE LEGALMENTE "NO EXISTEN". Y EL DERECHO A LA DEFENSA ES INVIOLABLE EN ESTADO Y GRADO DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL PROCESO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 49 NUMERAL 1 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
CUARTO: EL DR. HUMBERTO CUBILLAN VIVAS, EN SU CONDICIÓN DE JUEZ NOVENO DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, ESTA EN LA OBLIGACIÓN DE DECIDIR EN UN MÁXIMO DE TRES DÍAS, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 177 DE LA REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO y AL NO HACERLO EN EL LAPSO PROCESAL CORRESPONDIENTE COMETIÓ UNA FALTA (sic) LLAMADA DENEGACIÓN DE JUSTICIA, PREVISTA EN LA REFORMA DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL VENEZOLANO, EN SU ARTÍCULO 6 (Omissis…)”.
QUINTO: EL DR. HUMBERTO CUBILLAN VIVAS, EN SU CONDICIÓN DE JUEZ NOVENO DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, CON ESTA DECISIÓN INADMISIBLE HA RETARDADO EL PROCESO, HA FAVORECIDO A LOS IMPUTADOS O AGRAVIANTES EN LA PRESENTE CAUSA (sic) VIOLANDO NORMAS DE RANGO CONSTITUCIONAL Y VIOLANDO DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS O PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, COMETIENDO CON CONOCIMIENTO DE CAUSA UN DELITO (sic) EL DERECHO INTERNACIONAL, PREVISTO Y TIPIFICADOEN EL ART. 156 DEL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO, MOTIVO POR EL CUAL LA FISCALIA SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO ZULIA, DEBERÍA DESIGNAR UN FISCAL ESPECIAL, QUE PRESENTARA (sic) ANTE EL JUEZ DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, LA RESPECTIVA QUERELLA ACUSATORIA EN CONTR DEL DR. HUMBERTO CUBILLAN VIVAS, JUEZ NOVENO DE CONTROL DEL ESTADO ZULIA, PARA QUE SEA ENJUICIADO, PROCESADO Y PENADO, POR HABER COMETIDO EL DELITO EN CONTRA EL DERECHO INTERNACIONAL, PREVISTO EN EL ART. 156 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PENAL VENEZOLANO...”.

PETITORIO: Solicita el accionante, sea declarada la nulidad absoluta de la decisión recurrida, y se ordene remitir a la Fiscalía Superior del Ministerio Público del Estado Zulia todas las denuncias interpuestas por el referido ciudadano, o en su defecto proceder a denunciar ante la Fiscalía del Ministerio Público de conformidad con lo establecido en el artículo 287 numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal.
II. DE LA DECISIÓN RECURRIDA:
La decisión recurrida, corresponde a la dictada en fecha 08-09-2004 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, decisión ésta que en su parte motiva explana lo siguiente:
“... El delito invocado por el peticionante, es decir al real saber y entender de quien aquí decide es un delito de acción pública, que debe ser en todo caso presentado su denuncia ante el órgano competente, es decir, ante el Ministerio Público, por lo que se hace improcedente recibir y tramitar la presente ante este Tribunal de la República. En este sentido se le hace la observación y recomendación al denunciante para que tanto en el presente caso, así como en futuras ocasiones se dirija directamente ante el Ministerio Público o a los Órganos policiales auxiliares, para la realización de las denuncias que juzgue necesarias. Y así se decide. Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, este Juzgado Noveno de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE la denuncia interpuesta por el ciudadano DARIO ECHETO contra de los ciudadanos ERMINSON OVALLE (ABOGADO) Y YELIS RODRÍGUEZ (ABOGADA) en su condición de Jefe Civil y secretaria respectivamente de la Jefatura Civil de la Parroquia Chiquinquirá de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de encubrimiento. Previsto y tipificado en el artículo 255 del Código Penal Venezolano en perjuicio de la Administración de Justicia, en virtud de que la misma ha debido ser presentada en todo caso ante el Ministerio Público, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 24 del Código Orgánico Procesal Penal ...”.

III. FUNDAMENTOS DE LA SALA PARA DECIDIR:
Este Tribunal Colegiado, una vez analizados como han sido los fundamentos de hecho y de derecho explanados por el recurrente en su escrito de apelación, pasa a resolver sobre el fondo de sus pretensiones de la siguiente manera:
Con respecto a la violación del derecho a la defensa, que alega el recurrente en su escrito de apelación, es menester para esta Sala señalar que este derecho incorpora un compendio de presupuestos que en su conjunto deben cumplirse para que se considere satisfecho el mismo, entre ellos: 1) Derecho a ser informado inmediatamente de los motivos de la detención y del derecho que tiene a la asistencia jurídica y a comunicarse con sus familiares, 2) Derecho a la asistencia legal antes y durante el juicio; 3) Derecho a comparecer sin demora ante un Juez u otra autoridad judicial; 4) Derecho a impugnar la legalidad de la detención; 5) Derecho a ser juzgado en un plazo razonable o ser puesto en libertad; 6) Derecho a disponer del tiempo y los medios adecuados para ejercer su defensa; 7) Derecho a conocer con certeza el tipo de proceso por el cual va a ser juzgado; 8) Derecho a hallarse presente en el proceso y las apelaciones; 9) Derecho a promover y evacuar pruebas de descargo y a promover testigos e interrogarlos; 10) Derecho a un intérprete y a la traducción; entre otros.
Trasladando entonces las ideas anteriormente expresadas, al caso sub examine objeto de está decisión, se puede constatar que ciertamente el Juez a quo se pronunció en cuanto a la solicitud realizada por el ciudadano DARIO ECHETO OCHOA, relacionada con el hecho de que los funcionarios públicos ERMINSON OVALLE y YELIS RODRIGUEZ, en su condición de jefe civil y secretaria respectivamente, de la Jefatura Civil de la Parroquia Chiquinquirá de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que a su decir, han incurrido en el grado de complicidad en la presunta comisión del delito de OMISION DE REGISTRO DE NACIMIENTO, previsto en el artículo 273 parágrafo primero de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, así como también del delito de ENCUBRIMIENTO, previsto y tipificado en el artículo 255 del código penal en perjuicio de la Administración de Justicia.
En tal sentido consideran quienes aquí deciden, que la Administración de Justicia está integrada por múltiples órganos que cumplen cada uno funciones distintas, y de igual manera por actos procesales, que tienen su finalidad para los cuales fueron creados, de allí que el Poder Judicial esta en el deber de hacer cumplir, -conforme lo establece el artículo 26 constitucional-, el derecho que tienen todas las personas de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus intereses, incluso los colectivos o difusos, a través de una tutela efectiva de los mismos sin dilaciones indebidas. En virtud de lo cual, a la luz del carácter vinculante de la Constitución, todos los órganos judiciales son tutores de los derechos fundamentales, esto es, les corresponde ejercer sus atribuciones en orden a un goce efectivo por las personas, sobre los bienes que la comunidad política ha elevado a rango constitucional, por lo que en el presente caso este Tribunal de Alzada considera pertinente acotar lo que la doctrina ha expresado en relación a uno de los actos que da inicio al proceso penal, y en tal sentido tenemos que:
“la Denuncia: es la puesta en conocimiento de la autoridad penal competente, de la perpetración de un hecho punible, generalmente de acción pública. Según el COPP, cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión de un hecho punible puede denunciarlo ante el Fiscal del Ministerio Público o ante los Órganos de Policía de Investigaciones Penales…” (FERNANDEZ M FERNANDO. Manual de Derecho Procesal Penal. Caracas 1999.Mc Graw Hill Editores.. p.279).

En consecuencia, tomadas en cuenta las consideraciones jurídicas y doctrinales citadas ut supra, este Tribunal Colegiado constata que efectivamente no existe la violación denunciada por el recurrente de los derechos y garantías establecidos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo es el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de nuestra carta magna, así como tampoco del Código Orgánico Procesal Penal relativos al debido proceso y al derecho a la defensa, por cuanto la denuncia interpuesta por quien recurre debió haber sido dirigida a los Organismos competentes, en virtud de pertenecer el delito denunciado al grupo de delitos denominados de Acción Pública y no a un juez de primera instancia en lo penal como sucedió en el caso de marras, de lo cual se colige, que no le asiste la razón al ciudadano DARIO ECHETO OCHOA en cuanto a los motivos denunciados, toda vez que el juez a quo decidió ajustado a derecho. Y así se decide.
Igualmente, considera este Tribunal de Alzada en resguardo y cumplimiento del Sistema de Protección Integral que prevé la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, que lo procedente en el caso de marras, es remitir los recaudos que conforman la presente causa al Ministerio Público, a los fines legales consiguientes.
Por los argumentos anteriormente expuestos, considera este Tribunal ad quem, que en el presente caso lo adecuado en derecho es declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA, en su carácter de presunta víctima, asistido por el abogado ABRAHAM LEON, CONFIRMAR la decisión N° 1128-04, dictada en fecha 08-09-04 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual declaro INADMISIBLE la denuncia interpuesta por el ciudadano DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA en contra de los ciudadanos ERMINSON OVALLES y YELIS RODRÍGUEZ, en su condición de Jefe Civil y Secretaria Respectivamente de la Jefatura Civil de la Parroquia Chiquinquirá de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal cometido en perjuicio de la Administración de Justicia, y REMITIR las actas que conforman la presente causa al Ministerio Público a los fines legales pertinentes. Y así se decide.
DECISION
Por los fundamentos antes expuestos, esta Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA, venezolano, titular de la cédula de Identidad N° 4.754.112, en su carácter de presunta víctima, asistido por el abogado ABRAHAM LEON, SEGUNDO: CONFIRMA la decisión N° 1128-04, dictada en fecha 08-09-04 por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual declaro INADMISIBLE la denuncia interpuesta por el ciudadano DARIO SEGUNDO ECHETO OCHOA en contra de los ciudadanos ERMINSON OVALLES y YELIS RODRÍGUEZ, en su condición de Jefe Civil y Secretaria Respectivamente de la Jefatura Civil de la Parroquia Chiquinquirá de la Alcaldía del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, por la presunta comisión del delito de ENCUBRIMIENTO, previsto y sancionado en el artículo 255 del Código Penal cometido en perjuicio de la Administración de Justicia; TERCERO: ORDENA remitir las actas que conforman la presente causa al Ministerio Público a los fines legales pertinentes.
QUEDA ASÍ DECLARADO SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO Y CONFIRMADA LA DECISION RECURRIDA.

EL JUEZ PRESIDENTE,

Dr. RICARDO COLMENARES OLIVAR

LAS JUEZAS PROFESIONALES,

Dra. DORYS CRUZ LOPEZ Dra. LUISA ROJAS DE ISEA
Ponente

LA SECRETARIA,

Abg. LAURA VILCHEZ RIOS

En la misma fecha se registró la anterior decisión bajo el N° 421-04.

LA SECRETARIA,

Abg. LAURA VILCHEZ RIOS

Causa N ° 3Aa2505-04
LRdI/nc.-