República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre
Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia
Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1
PARTE NARRATIVA
Consta en autos Juicio de EJECUCION DE SENTENCIA (ALIMENTOS) incoado por la abogada ROSA GARCIA MERCHAN, inscrita en el Inpreabogado bajo el No.25.171, actuando en nombre y representación de la ciudadana TERESA DEL CARMEN VILLAMIZAR BARRETO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No: 5.244.690, domiciliada en esta ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia, en contra del ciudadano LEONARDO GONZALEZ MORENO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No: 7.762.599. En beneficio de su hija, que lleva por nombre: CELIA KARINA GONZALEZ VILLAMIZAR..
A esta solicitud se le dió entrada el 06 de Junio de 2001, ordenándose formar expediente y numerarlo con el No. 01137; asimismo, el Tribunal instó a la parte demandante a consignar copia certificada de la sentencia de divorcio. Igualmente se ordenó notificar, a la ciudadana Fiscal del Ministerio Público Especializado de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En la misma fecha se libró boleta de notificación.
En fecha 20 de Junio de 2001, mediante diligencia la apoderada judicial ROSA GARCIA MERCHAN, consignó copia certificada de la sentencia de divorcio. Asimismo se solicitó sea ejecutada medida de embargo sobre el cincuenta por ciento (50%) del sueldo del demandado.
Mediante auto de fecha 16 de Julio de 2001, el Tribunal decretó medida de embargo sobre el veinte por ciento (20%) del sueldo, bono vacacional y utilidades que le pueda corresponder al ciudadano LEONARDO GONZALEZ MORENO como trabajador al servicio de la empresa P.D.V.S.A En caso de que goce de los beneficios de útiles escolares, uniformes y aquellos propios del inicio del año escolar, se ordenó retener el cincuenta por ciento (50%). Asimismo para la ejecución de dichas medidas se comisionó suficientemente al Juzgado Cuarto (ejecutor de medidas) de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Páez y Almirante Padilla de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. En la misma fecha se libró despacho y se ofició bajo el No. 1-412.
Mediante oficio No. 429-01, recibido en fecha 06 de Septiembre de 2001, emanado del Juzgado Quinto Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada, San Francisco, Mara, Almirante Padilla y Páez de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia remitió constante de once (11) folios útiles, resultas de la comisión No. 832 conferida por este Tribunal.
En fecha 17 de Septiembre de 2001, se dio por citado el ciudadano LEONARDO GONZALEZ MORENO.
En la misma fecha, mediante diligencia el ciudadano LEONARDO ALFONZO GONZALEZ MORENO confirió poder Apud-acta a los doctores DULCE BRACHO HUERTA y JAVIER JOSE CARDOZO RODRIGUEZ inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 40.788 y 34.100.
Mediante escrito de fecha 20 de Septiembre de 2001, el apoderado judicial JAVIER JOSE CARDOZO RODRIGUEZ dio contestación a la demanda.
En fecha 24 de Septiembre de 2001, el apoderado judicial JAVIER JOSE CARDOZO RODRIGUEZ promovió pruebas.
Mediante auto de fecha 24 de Septiembre de 2001, el Tribunal admitió las pruebas y ordenó oficiar al Colegio “Santa María Goretti”. En la misma fecha se ofició bajo el No.1.711.
En fecha 27 de Septiembre de 2001, mediante escrito la apoderada judicial ROSA GARCIA MERCHAN, promovió pruebas.
Mediante comunicado recibido en fecha 10 de Octubre de 2001, la Unidad Educativa “Santa María Goretti” informó que le ciudadano LEONARDO GONZALEZ MORENO cumple con todos los deberes requeridos por la casa de estudios.
En fecha 28 de Noviembre de 2001, mediante diligencia el apoderado judicial JAVIER CARDOZO RODRIGUEZ solicitó con carácter de urgencia se oficie a la empresa P.D.V.S.A a fin de cumplir con la información requerida por el Tribunal.
Mediante auto de fecha 04 de Diciembre de 2001, el Tribunal ordenó oficiar a la empresa P.D.V.S.A a fin de que informe sobre el monto del sueldo integral mensual, bono vacacional, primas por hijos, hogar o cualquier otro concepto que perciba mensual o anualmente el reclamado de autos. En la misma fecha se oficio bajo el No. 2.305.
Mediante oficio No. 781 emanado de la empresa P.D.V.S.A, recibido en fecha 07 de Diciembre de 2001, suministraron la información solicitada en relación al ciudadano LEONARDO GONZALEZ MORENO.
En fecha 04 de Octubre de 2002, mediante auto el Dr. Hector Peñaranda Quintero se avocó al conocimiento de la causa. Asimismo se ordenó notificar a las partes intervinientes en el proceso.
A partir de esa misma fecha, quedó paralizado el proceso por falta de impulso procesal de la ciudadana TERESA DEL CARMEN VILLAMIZAR BARRETO.
Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones:
PARTE MOTIVA
I
Examinadas las actas procesales, observa este Tribunal que el proceso está paralizado desde el día 04 de Octubre de 2002; discurriendo el tiempo desde entonces sin ningún acto de procedimiento que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso.
A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”.
De la lectura de este artículo se pude interpretar que toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de impulso procesal por las partes.
El efecto de la Perención es la extinción del proceso, por lo que ella no ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos y las pruebas que resulten de los autos, continuaran teniendo plena validez. Simplemente, la Perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de la misma.
El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma espléndida la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos Aires, Argentina, 1961, Pag. 423 a 425, de la siguiente manera:
“1) Concepto.
a) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento.
b) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular; instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191.
c) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”.
Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes.
En tal sentido, la Perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho; tratándose de una relación procesal que no se formó, o que constituido no se llegó a su término final; razón por la cual el comienzo de la paralización es el objetivo principal para que se efectué la Perención y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia.
Lo cual conlleva a que el proceso perima y se extinga la instancia por caducidad procesal, habida cuenta que las partes abandonaron la actividad procesal y con ello hicieron cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo las partes, hacen cesar el conflicto en su propia voluntad por autocomposición procesal.
II
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, en sentencia de fecha 01 de Junio de 2001, sentó su criterio en relación a la perención, indistintamente cuáles sean las partes en el proceso, por lo cual podemos incluir a los niños y/o adolescentes, a continuación establece:
“La Perención es fatal y corre sin importar quienes son las partes en el proceso, siendo su efecto que se extingue el procedimiento y según el articulo 271 del Código de Procedimiento Civil, en ningún caso el demandante podrá volver a proponer la demanda, antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) después de verificada (declarada) la perención.”
Asimismo en sentencia de fecha 12 de Mayo de 2003, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratifica la decisión dictada cuando observa que en presencia del surgimiento de un conflicto entre los derechos constitucionales individuales de los litigantes y el interés superior de los niños y/o adolescentes, a fin de garantizar que los mismos disfruten plena y efectivamente sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaría, es que la referida Sala como medida de protección integral de los niños y/o adolescentes que otorga el artículo 78 de Nuestra Carta Magna, sostiene el criterio de mantener las medidas decretadas al menos durante tres (03) meses después de decretada la Perención de la instancia, en virtud de que dicha institución “castiga” la negligencia de las partes, sin diferenciar si son niños y/o adolescentes o no, no obstante el efecto de la Perención de la instancia no es extinguir el derecho, sino postergar por espacio de tres (03) meses que se incoe de nuevo la demanda para reclamar el derecho.
De esta manera, se debe tener en cuenta, en razón del orden público, que debe existir una excepción a tal imperativo, que no abarca los efectos de la perención consagrados en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil; en el caso que la materia sea de orden público, la Perención declarada no evita que se proponga de nuevo la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos (calendarios) de la declaratoria de perención. Por cuanto la intención no es perjudicar el Interés Superior del Niño y del Adolescente, tal como lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en virtud de que los derechos alimentarios de los niños y/o adolescentes no pudieran ejercerse de nuevo durante noventa días.
Por otra parte, la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sostiene el criterio que ha venido acogiendo la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1102 de fecha 12 de Mayo de 2003, antes citada, en la siguiente forma:
“(…) decretada la perención, el accionante pasados tres meses de la sentencia firme en ese sentido, podría demandar de nuevo las pensiones alimentarias corriéndose el riesgo que el presunto deudor cobrare las prestaciones, si es que ellas se liquidan en ese termino, y se hiciere nugatorio para los menores la obtención de las pensiones. Ante esa posibilidad, la Sala a fin que los menores disfruten plena y eficazmente de sus derechos y garantías, y debido al principio de subsistencia de la obligación alimentaria, que como efecto de la filiación corresponde a los padres, así se haya privado o extinguido la patria potestad, ( articulo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente), y habiéndose fijado judicialmente una pensión provisoria, tendrá como medida preventiva y garantista de la prioridad absoluta que la vigente Constitución ( articulo 78) otorga a la protección integral de los menores (omisis), mantener la medida sobre las prestaciones al menos durante tres meses después que se decretase –si ello fuese así- la perención de la instancia de manera que se incoase de nuevo la acción, no se perjudicará a los menores (omisis).”
Por todo ello, resulta procedente mantener durante tres (03) meses después de quede firme el presente fallo, la pensión de alimentos que este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, decretó mediante las medidas preventivas y asegurativas dictadas en fecha 16 de Julio de 2001, ejecutadas sobre sueldo y otros conceptos de naturaleza laboral a los que tenga derecho el ciudadano LEONARDO GONZALEZ MORENO, reclamado alimentario.
En el caso que nos ocupa se puede observar del estudio detallado y minucioso de las actas que conforman el presente expediente que desde la fecha de 12 de DICIEMBRE de 2000, ha transcurrido más de un (01) año sin que ninguna de las partes realizara algún acto de procedimiento ejecutado o de impulso procesal; es por lo que el presente caso se subsume dentro de los parámetros del contenido del artículo up supra, adicionalmente una vez paralizada la causa y transcurrido el término para que quede extinguida la instancia, conlleva a el Juez a que de oficio o bien a instancia de parte, sea declarada la extinción del procedimiento, es por lo que la presente causa se encuentra perimida; y así se declara.
PARTE DISPOSITIVA
D E C I S I Ó N
Por los fundamentos expuestos, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio – Juez Unipersonal No. 1, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. PERIMIDA LA INSTANCIA en la presente solicitud de EJECICION DE SENTENCIA (ALIMENTOS), incoado por la ciudadana TERESA DEL CARMEN VILLAMIZAR BARRETO, en contra del ciudadano LEONARDO GONZALEZ MORENO; y en beneficio de su hija CELIA KARINA GONZALEZ VILLAMIZAR.
2. MANTENER VIGENTE por el lapso de noventa (90) días continuos contados a partir de que quede firme la decisión dictada por este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Sala de Juicio Nº 1, las medidas preventivas decretadas, en fecha 16 de Julio de 2001, las cuales recayeron sobre el veinte por ciento (20%) del sueldo que devenga el ciudadano LEONARDO GONZALEZ MORENO, como trabajador, al servicio de la Empresa P.D.V.S.A para satisfacer las pensiones alimenticias de la niña y/o adolescente de autos, de las utilidades o remuneración especial de fin de año bono vacacional, del cincuenta por ciento (50%) de las primas por hijos, útiles escolares y juguetes, en beneficio de su hija CELIA KARINA GONZALEZ VILLAMIZAR.
3. No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese. Déjese copia certificada por Secretaría.
Dada, firmada y sellada en la Sala 1 del Despacho del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo, al primer (01) día del mes de Noviembre de dos mil cuatro. 194º de la Independencia y 145º de la Federación.
El Juez Unipersonal N° 1,
Dr. Héctor Ramón Peñaranda Quintero
La Secretaria Accidental,
Dra.Angelica Maria Barrios.
En la misma fecha, siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana, previo el anuncio de ley a las puertas del despacho, se dictó y publicó la anterior sentencia, bajo el No. . La Secretaria Acc.
Exp.:01137
HRPQ/ ja
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