Exp. 790-02. REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO NOVENO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 193° y 145° DEMANDANTE: JUAN KESADA SUAREZ. DEMANDADO: Sociedad Mercantil GRANJA LOS GIRASOLES. MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES POR PRESTACIONES SOCIALES. Consta de los autos que el ciudadano JUAN KESADA SUAREZ, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número E-77.163.632, domiciliado en esta ciudad de Maracaibo Municipio Autónomo del Estado Zulia, asistido en este acto por el abogado en ejercicio ANGEL SEGOVIA, titular de la cedula de identidad N° 7.766.691, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 57.700, y de este mismo domicilio instauró juicio por COBRO DE BOLÍVARES POR PRESTACIONES SOCIALES, contra de la Sociedad Mercantil GRANJA LOS GIRASOLES. Por auto de fecha 18 de octubre de 2002, el Tribunal le dio entrada y admitió la demanda. Por diligencia de fecha 30 de octubre del 2002, la parte demandante otorgó poder Apud-Acta a los abogados ANGEL SENOVIA Y DERVY ELOY PEROZO. Por diligencia de fecha 07 de noviembre del 2002, el apoderado judicial de la parte actora solicito la citación de la parte demandada de conformidad con el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Por auto de fecha 04 de febrero del 2003, el Tribunal proveyó con lo solicitado. Con esos antecedentes, este Órgano Jurisdiccional pasa a decidir con las siguientes consideraciones: ÚNICO Examinadas las actas procesales, observa este Juzgador que la parte demandante una vez una vez solicitado la entrega de los recaudos de citación, transcurrió un (1) año, sin que se hubiese realizado ningún acto de procedimiento por algunas de las partes, siendo esa última actuación en fecha siete (07) de noviembre de 2002, discurriendo desde entonces sin ningún acto de procedimiento a instancia de parte, que movilice la relación jurídica procesal con el fin de alcanzar el acto jurisdiccional por excelencia, que es la sentencia definitiva como medio normal de terminación del proceso. A tal efecto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes”. El autor argentino Hugo Alsina, explica de forma expresa la figura de la perención, en su obra titulada Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, segunda edición, IV Tomo, Juicio Ordinario, Ediar Soc. Anon. Editores, Buenos aires, Argentina, 1961, Pág. 423 a 425, de la siguiente manera: “1) Concepto. j) El interés público exige que los procesos no permanezcan paralizados indefinidamente; no sólo porque la subsistencia de la litis es contraria al restablecimiento del orden jurídico, sino porque la relación procesal también comprende al órgano jurisdiccional, y esa vinculación no puede quedar supeditada en el tiempo al arbitrio de las partes, a quienes en materia civil corresponde el impulso del procedimiento. k) Por eso, así como la prescripción se funda en una presunción de abandono del derecho, la inactividad de las partes importa una presunción de abandono de la instancia. El proceso se extingue, entonces, por el sólo transcurso del tiempo cuando los litigantes no instan su prosecución dentro de los plazos establecidos por la ley. Este modo anormal de extinción se designa con el nombre de perención o caducidad de la instancia, (de perimere, destruir, anular, instancia, impulso, obrar en juicio) y está reglamentado por la ley No. 14.191. l) Anteriormente se consideraba a la perención como una pena al litigante negligente, pero hoy se admite que cuando las partes dejan paralizado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tiene interés en su prosecución y que desisten tácitamente de la instancia, lo que autoriza al Estado a librar a sus propios órganos de todas las obligaciones derivadas de la existencia de una relación procesal”. Es decir, que la perención se basa en una condición objetiva, que consiste en el transcurso de un año de inactividad por las partes. Es así como se refleja la intención del legislador, de evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente en el tiempo, como también de librar a los Tribunales del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Por las razones antes expuestas, el proceso ha perimido y se ha extinguido la instancia por caducidad procesal, que impide el libre acceso a la jurisdicción y a la efectiva tutela judicial, habida cuenta que la parte demandante abandonó la actividad procesal y con ello hizo cesar el conflicto de intereses, toda vez que los juicios como enfermedad social, deben ser resueltos por la Jurisdicción en su función pública para establecer la Paz con Justicia; mas entonces, al abandonar el mismo la parte actora, hace cesar el conflicto en su propia voluntad por auto composición procesal; y así se declara. DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, este Juzgado Noveno de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Losada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: a) PERIMIDA LA INSTANCIA en la demanda por COBRO DE BOLÍVARES POR PRESTACIONES SOCIALES, intentada por JUAN KESADA SUAREZ, contra la Sociedad Mercantil GRANJA LOS GIRASOLES. b) No hay costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, Regístrese y Notifíquese. Déjese copia certificada por Secretaría. Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Noveno de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Maracaibo, a los diecisiete ( 17 ) días del mes de marzo del año Dos Mil Cuatro (2.004). 193° de Independencia y 145° de la Federación. LA JUEZ, ABOG. MARIA DEL PILAR FARIA ROMERO. LA SECRETARIA, ABOG. ADA JIMÉNEZ En la misma fecha, siendo las diez de la mañana, se dictó y publicó la anterior sentencia. LA SECRETARIA, ABOG. ADA JIMÉNEZ. Exp: 790-02.