TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Juicio de Cabimas
Cabimas, 18 de Junio de 2004
194º y 145º

ASUNTO PRINCIPAL : VK11-P-2003-000033
ASUNTO : VK11-P-2003-000033

SENTENCIA CONDENATORIA CON JUEZ UNIPERSONAL

JUEZ: DR. JUAN ANTONIO DIAZ VILLASMIL.

SECRETARIO: ABOG. NANCY LOPEZ SUAREZ.

FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO: ABOG. EGLE PUENTES, Fiscal Décimo Novena del Ministerio Publico.

IMPUTADO: PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, Venezolano, Mayor de Edad, Natural de Cabimas, Estado Zulia, de 36 años de edad, Soltero, Estilista, portador de la Cedula de Identidad Personal No. V-7.967.028, hijo de los Ciudadanos PEDRO AMAYA GONZALEZ y ALBA PRIETO, domiciliado en la Avenida Principal de las 40, Calle Carabobo, Salón de Belleza Black And White, Casa S/N, en Cabimas Estado Zulia.

DEFENSA: ABOG. EVA BARRIOS SAAVEDRA, Defensora Publica Séptima de la Unidad de Defensoras Publicas del Estado Zulia, Extensión Cabimas.

VÍCTIMA: EL ESTADO VENEZOLANO

DELITO: POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS.

HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL PROCESO

Los hechos por los que se le Acusa al Ciudadano PEDRO BENITO AMAYA PRIETO ocurrieron el día Tres (3) de Octubre de 2002, cuando siendo aproximadamente las doce y treinta minutos de la tarde (12:30 p.m.), los Funcionarios O/2 ENRIQUE MARTINEZ, Placa No. 4878 y O/P DELVIS ROMERO, Placa No. 4685, Adscritos al Departamento Policial de Ambrosio de la Policía Regional del Estado Zulia, encontrándose de servicio, en la unidad radio patrulla PR-174, cuando realizaban patrullaje ordinario por el sector 19 de Abril, Calle Variedades, entre la Avenida Mercedes y la Avenida Providencia de la Parroquia Carmen Herrera, visualizan a un Ciudadano, quien al notar la presencia policial, opto por darse a la fuga, lanzando un objeto de color negro, al cual se le indico la voz de alto, deteniéndose dicho individuo, procediendo a detenerlo dicha comisión y a verificar al objeto lanzado, el cual se trataba de un bolso tipo cartera (pequeña) de color negro de cuero, con un cierre de color gris, con un cordón de color negro, el cual en uno de sus extremos contenía un bolígrafo de color rojo, conteniendo en su interior varios trozos de papel plástico amarrados con hilo y los mismo en su interior contenían un polvo de color marrón con presunta droga, los cuales se contaron, dando como resultado: Doce (12) envoltorios, tipo cebollita de papel plástico color blanco, Cinco (5) envoltorios tipo cebollita de papel plástico color verde, Cuatro (4) cebollitas de papel plástico de color azul, para un total de Veintiún (21) envoltorios de droga, por lo que se practico de la detención del Ciudadano PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, por lo cual el Ministerio Publico en fecha 01 de Noviembre de 2002 presenta Acusación Formal en contra del ante mencionado Acusado por el delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto en el Artículo 36 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

DETERMINACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS QUE EL TRIBUNAL ESTIMA ACREDITADOS

Este Tribunal Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Extensión Cabimas, una vez escuchados las exposiciones de las partes intervinientes en la Audiencia Oral donde se celebraría el Juicio y Debate Oral y Publico en la presente causa, y muy especialmente a lo atinente a la Admisión de los Hechos objeto de la Acusación Fiscal, efectuada por el Acusado Ciudadano PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, y luego que el Tribunal escucho la narración de los hechos y la tipificación del delito por parte del Ministerio Publico y los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos, y considerar el Tribunal que los mismos guardan relación con el tipo penal por el cual el Fiscal del Ministerio Publico, ha presentado la Acusación en contra del Acusado, y toda vez que del Acta de Audiencia Preliminar no se desprende que el Juez Tercero de Control le haya impuesto del Procedimiento Especial por Admisión de hechos, previsto en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal le advierte del Procedimiento Especial por Admisión de Hechos, y el Acusado hace uso del Procedimiento Especial de Admisión de Hechos, previsto en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se estiman acreditados los medios de pruebas ofertados por el Ministerio Publico, con lo cual hace sus basamentos de los fundamentos de la imputación y los elementos de convicción que motivaron la acusación tales como:
1. La testimonial de los Funcionarios O/2 ENRIQUE MARTINEZ, Placa No. 4878 y O/P DELVIS ROMERO, Placa No. 4685, Adscritos al Departamento Policial de Ambrosio de la Policía Regional del Estado Zulia, cuerpo de investigaciones actuante en el procedimiento seguido en la presente causa.
2. La testimonial de los Funcionarios Experto Toxicológico RAINELDA FUENMAYOR, Adscrita al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalisticas, quien efectuó la experticia química y botánica a las sustancias incautadas.
Una vez enunciado como han sido los elementos probatorios que se estiman acreditados en la presente causa, los cuales sirvieron de fundamento para la Acusación, por lo que en consecuencia el Tribunal pasa de inmediato a la exposición concisa de los fundamentos de derecho en el hecho imputado por el Representante del Ministerio Publico y admitido por el Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO.

EXPOSICION CONCISA DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

FUNDAMENTOS DE HECHO

En la oportunidad de la Audiencia para celebrar el Juicio Oral y Publico, este Tribunal Juzgado Segundo de Juicio constituido como Tribunal Unipersonal del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, Presidido por el Abogado JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL, y como Secretario la Abogado NANCY LOPEZ SUAREZ, la Abogado EGLE PUENTES ACOSTA, en su condición de Fiscal Décimo Noveno del Ministerio Publico de esta Circunscripción Judicial del Estado Zulia, Acuso al Ciudadano PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, por el delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto en el Artículo 36 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en virtud de los hechos ocurridos en fecha Tres (3) de Octubre de 2002, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, el Tribunal Impone al Imputado de Actas lo concerniente al Procedimiento Especial por Admisión de Hechos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, y a lo establecido en el Articulo 49, Ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de los Artículos 131 y 347 Código Orgánico Procesal Penal, donde el Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, Admitió los hechos que le imputo el Fiscal del Ministerio Público y aceptó la responsabilidad penal del delito cometido, de conformidad con lo establecido en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ahora bien, oídos los alegatos de las partes intervinientes en la Audiencia Oral y Publica, y en razón de la Admisión de los Hechos efectuada por el Acusado Ciudadano PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, de conformidad con lo establecido en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece textualmente, "…En la audiencia preliminar, una vez admitida la acusación, o en el caso de del procedimiento abreviado, una vez presentada la acusación y antes del debate, el Juez en la audiencia instruirá al imputado respecto al procedimiento por admisión de los hechos concediéndole la palabra. Este podrá admitir los hechos objetos del proceso y solicitar al Tribunal la imposición inmediata de la pena. En estos casos el juez deberá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse, atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afecto y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta. Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y en los casos de delitos contra el patrimonio publico o previstos en la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, cuya pena exceda de ocho años en su limite máximo, el Juez solo podrá rebajar la pena aplicable hasta un tercio...”.-(Destacado del Tribunal).

El procedimiento por Admisión de los Hechos, cuando el Acusado consiente en ello y reconozca su participación en el hecho que se le atribuye, en estos casos se prescinde del juicio, correspondiendo al Juez dictar inmediatamente la sentencia una vez admita la Acusación Fiscal. Esto puede conllevar a la imposición inmediata de la pena, y como beneficio para el Acusado por la aceptación de este procedimiento se dispone una rebaja de la pena desde un tercio a la mitad, atendidas todas las circunstancias y considerando el bien jurídico afectado y el daño social causado.

En este orden de ideas, la Sala de Casación Penal en Sala Accidental, en fecha 26 de Febrero de 2003, Expediente No. 2000-1504, actuando como ponente el Magistrado el Doctor JULIO ELIAS MAYUADON GRAU, fija criterio del fin y propósito del legislador en relación a las Medidas Alternativas a la Prosecución del Proceso, y para lo cual enuncia lo siguiente, “…La admisión de los hechos si se aplica correctamente puede ser un instituto muy eficaz para poner fin a un gran número de procesos, en los cuales por reconocer el acusado los hechos que se le imputan, resultaría inútil u ocioso, además de oneroso para el estado, continuar con un proceso penal que puede definirse allí mismo; pero si por el contrario su utilización o aplicación se hace en forma errada, alterando su fin o naturaleza bien sea por el Juez, el Ministerio Público o cualquier otra de las partes, más bien va a surgir como un instrumento para desviar la justicia y hasta para crear un estado de impunidad, que constituye el principal reclamo a la justicia penal en los actuales momentos. En este sentido, en cuanto a la naturaleza jurídica de la admisión de los hechos, la misma no puede entenderse como un atenuante e incluirla en el elenco de los atenuantes genéricos que traen como consecuencia, al momento de aplicar la pena, la utilización de las reglas contempladas en el artículo 37 del Código Penal. Su naturaleza no puede ubicarse en el campo del derecho penal sustantivo y mucho menos confundirse con el régimen de las atenuantes; ya que éste instituto procesal apartándose del delito y de la personalidad del imputado se inserta en el mérito procesal del mismo, es decir, se concentra en el cumplimiento de los requisitos o formalidades establecidos en la Ley Procesal…” (El destacado es del Tribunal).

En este sentido el Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO renuncia a varios derechos constitucionales, incluyendo su privilegio contra la autoincriminación, su derecho a un juicio y su derecho a carearse con sus acusadores. La admisión de los hechos procede para cualquier conducta punible. Son requisitos para la admisión de los hechos los siguientes, debe ser voluntaria, dado que esta admisión supone una renuncia a derechos y garantías judiciales el imputado debe conocer el alcance de su aceptación y en consecuencia, debe voluntariamente renunciar a esos derechos. Expresa, ya que no cabe una tácita admisión de los hechos. La renuncia a cualquier derecho debe ser en todo caso expresa; más aún tomando en consideración que como consecuencia de tal admisión puede generarse para el imputado una sentencia condenatoria.

El Tribunal, aun cuando la causa fue ordenada su tramitación por el Procedimiento Ordinario, y en razón de que el Ministerio Publico al momento de iniciar la Audiencia donde se celebraría el Juicio Oral y Publico y antes de aperturar el Debate, se verifico a solicitud de la Defensa del Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, que del Acta de Audiencia Preliminar no se desprende que el Juez Tercero de Control le haya impuesto del Procedimiento Especial por Admisión de hechos, previsto en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, le Impuso en la Audiencia al Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, del Procedimiento Especial por Admisión de Hechos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, y lo establecido en el Ordinal 5° del Articulo 49 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y de los Artículos 131 y 347 Código Orgánico Procesal Penal, donde el Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, Admitió los hechos que le imputa el Fiscal del Ministerio Público y aceptó la responsabilidad penal del delito cometido, de conformidad con lo establecido en el Articulo 376 ejusdem, y su Defensores, conforme a lo establecido en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitaron la aplicación inmediata de la pena aplicable al delito imputado, el Tribunal le concedió nuevamente al Fiscal del Ministerio Publico el derecho a la palabra, a los fines de que manifieste su opinión en relación a lo solicitado por la Defensa y lo manifestado por el Acusado de autos, y el mismo dejo constancia que se encontraba totalmente de acuerdo con lo solicitado por las partes ya que lo solicitado cumple con todos los requisitos exigidos por la Ley.

Inmediatamente, el Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, constituido como Tribunal Unipersonal y Presidido por el Abg. JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL, oídos los alegatos de las partes intervinientes en esta Audiencia, y en razón de la Admisión de los Hechos efectuada por el Acusado de autos PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, Admitida como ha sido la modificación a la Acusación presentada por el Ministerio Publico, por cuanto se cumplieron con todos los requisitos establecidos en el Articulo 326 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa de seguida a dar a conocer el dispositivo legal del fallo dictado por el Tribunal, en el cual Administrando Justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley CONDENO al Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, Venezolano, Mayor de Edad, Natural de Cabimas, Estado Zulia, de 36 años de edad, Soltero, Estilista, portador de la Cedula de Identidad Personal No. V-7.967.028, hijo de los Ciudadanos PEDRO AMAYA GONZALEZ y ALBA PRIETO, domiciliado en la Avenida Principal de las 40, Calle Carabobo, Salón de Belleza Black And White, Casa S/N, en Cabimas Estado Zulia, por el delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto en el Artículo 36 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en virtud de los hechos ocurridos en fecha Tres (3) de Octubre de 2002, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, conforme a lo solicitado de conformidad con lo establecido en el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando vigente la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, del Acusado, hasta tanto el Tribunal de Ejecución proceda a la ejecución de la pena aquí impuesta, de conformidad con lo establecido en el Articulo 479 del Código Orgánico Procesal Penal.- Así se declara.-

DE LA PENA APLICABLE

De la pena aplicable al Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, por delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto en el Artículo 36 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, es la siguiente: De CUATRO (4) a SEIS (6) AÑOS DE PRISION, siendo lo procedente la aplicación del Articulo 37 del Código Penal Vigente, donde se señala que debe aplicarse el termino medio, siendo el termino medio de CINCO (5) AÑOS DE PRESIDIO y al tomar en consideración la atenuante genérica prevista en el Articulo 74 Ordinal 4° ejusdem, el cual es criterio de este Tribunal aplicable al Acusado de autos por no poseer Antecedentes Penales, lo que hace procedente la disminución de la pena a su termino mínimo, dando como resultado la pena de CUATRO (4) AÑOS DE PRISION. Ahora bien, al considerar que el Acusado ha Admitido los Hechos por el cual el Ministerio Publico la ha Acusado, para lo cual la jurisprudencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, también se ha pronunciado sobre el principio de la proporcionalidad, “…En sentencia de ésta Sala Penal de fecha 22 de Febrero del 2002, con ponencia del Magistrado Doctor Alejandro Angulo Fontiveros, se consideró violado el principio de la proporcionalidad y en consecuencia se anuló la sentencia modificando la penalidad a favor del reo. En la argumentación de la ponencia queda bien claro que la proporcionalidad en la aplicación de las penas no es un principio que siempre va a operar a favor del reo, sino que es el principio que va a regir para obtener la “debida sanción legal”, aplicando la pena adecuada al daño social ocasionado por el delito cometido. Esta Sala Penal coincide con la citada jurisprudencia en sus afirmaciones: “Dar a cada quién lo suyo o lo que corresponde, quiere decir, según su mérito o demérito. En la Justicia es una condición indefectible la equidad o ánimo de sentar la igualdad. Hay que pesar todas las circunstancias y por eso se simboliza la Justicia con una balanza. Ésta implica –en términos de Justicia- ponderar los pesos de los diversos factores de la realidad fáctica y mantener un equilibrio valorativo sólo posible con la proporcionalidad. La idea o medida de proporcionalidad debe mediar entre las acciones humanas y sus consecuencias jurídicas. Éstas consisten en el castigo que debe tener todo autor de un crimen. La impunidad es injusticia, pues no da al criminal el castigo que le corresponde. La impunidad es de los injustos mas graves que puede haber, no sólo por el hecho en sí de quedar sin el merecido castigo aquel que lesionó el derecho de una persona y de la colectividad, sino por evidenciar falta de voluntad para ejecutar la ley de quienes han sido honrados con la trascendental misión de hacer Justicia y preservar los derechos más esenciales de los coasociados. El principio de la discrecionalidad, por otra parte, le da al Juez la potestad para hacer las rebajas de penas, estableciendo los términos entre los cuales el juzgador debe usar su discrecionalidad. Efectivamente el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal (en su versión original y en sus dos reformas) establece un término de rebaja de pena por admisión de los hechos que en el caso de delitos no violentos va desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse; y para los delitos donde haya habido violencia (como es el caso de autos) la rebaja de pena por aplicación del instituto procesal señalado es hasta un tercio, lo cual significa, en este último caso que la discrecionalidad del Juez tiene un límite máximo hasta un tercio dándole potestad para rebajar la pena de lo mínimo hasta el tercio de la pena que ha debido aplicarse...”.

Atendiendo las circunstancias y tomando en consideración el bien jurídico protegido afectado y el daño social causado lo procedente es rebajar un tercio de la pena aplicable, por lo que hecha la operación matemática que corresponde, tenemos en definitiva que el Ciudadano Acusado PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, deberá cumplir la pena de DOS (2) AÑOS, OCHO (8) MESES DE PRISION, mas las accesorias de ley.

DISPOSITIVA

Una vez esgrimidos las razones de hecho y de derechos en la presente causa y su procedencia, este Juzgado Segundo de Juicio Unipersonal del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Extensión Cabimas, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, CONDENA al Acusado Ciudadano PEDRO BENITO AMAYA PRIETO, Venezolano, Mayor de Edad, Natural de Cabimas, Estado Zulia, de 36 años de edad, Soltero, Estilista, portador de la Cedula de Identidad Personal No. V-7.967.028, hijo de los Ciudadanos PEDRO AMAYA GONZALEZ y ALBA PRIETO, domiciliado en la Avenida Principal de las 40, Calle Carabobo, Salón de Belleza Black And White, Casa S/N, en Cabimas Estado Zulia, de conformidad con el Articulo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, a cumplir la pena de DOS (2) AÑOS, OCHO (8) MESES DE PRISION, mas las Accesorias de ley, como AUTOR del Delito de POSESION ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto en el Artículo 36 de la Ley Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano, mas las Penas accesorias contenidas en los Artículos 16 y 34 ambos del Código Penal, de conformidad con lo establecido en el Articulo 267 del Código Orgánico Procesal Penal.
Dada, sellada y firmada en el Juzgado Segundo Unipersonal de Juicio, del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia Extensión Cabimas, a los Dieciocho (18) días del mes de Junio de 2004.- Año l92° de la Independencia y l44° de la Federación. Publíquese y regístrese la presente Sentencia.
EL JUEZ SEGUNDO UNIPERSONAL DE JUICIO,

ABOG. JUAN ANTONIO DÍAZ VILLASMIL
LA SECRETARIA,

ABOG. NANCY LOPEZ SUAREZ
En esta misma fecha, se dio cumplimiento a lo ordenado y quedo registrada bajo el No. 2J-014-04 en el Libro de Registros de Sentencias llevado por este Tribunal en el presente año.-
LA SECRETARIA,

ABOG. NANCY LOPEZ SUAREZ
JADV/jadv.-