REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO CUARTO DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.- En fecha 10 de octubre de 2002, se recibió y se le dio entrada a la demanda Resolución de Contrato de Arrendamiento y Cobro de Bolívares, propuesta por la abogada Rufina Vargas actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Adriana Vega de Olivares, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.741.658 y domiciliada en el Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, en contra de los ciudadanos Marilse Omaira Rondon de Torres y Alfredo José Torres Romero, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de la cédula de identidad números 3.997.903 y 3.156.266 respectivamente, para que convengan en resolver el contrato de arrendamiento celebrado en fecha 12 de marzo de 2001, bajo el número 18, tomo 26, y el pago de la cantidad de dos millones trescientos cuarenta mil bolívares con cincuenta céntimos (Bs.2.340.00,50) por concepto de los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses julio, agosto, septiembre de 2002, y los cánones que falten para la terminación original del contrato. El Tribunal para decidir observa. El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la Perención…” El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: De un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargos innecesarios. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado tiende a liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal (cf. CHIOVENDA, José: Principios…II, p.428)”. Ahora bien, el Tribunal examina y verifica que el último acto de procedimiento lo constituye el auto admisión de la demanda, de fecha diez (10) de octubre de 2002, transcurriendo más de un año sin que se hubiera ejecutado algún acto de procedimiento en el expediente; en consecuencia, ha operado la perención de la instancia de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Por todos los fundamentos expuestos, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara Perimida la instancia en la presente causa.- Regístrese. Publíquese. Notifíquese. No hay condenatoria en costa, de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Déjese copia certificada por secretaría de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, sellada y firmada en la Sala del despacho del Juzgado Cuarto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en Maracaibo a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2003. Años: 193° de la Independencia y 144° de la Federación. LA JUEZ, Abog. GLENY HIDALGO ESTREDO. EL SECRETARIO Abog. JUAN CARLOS CROES. En la misma fecha se dictó y publico el anterior fallo previo cumplimiento de las formalidades de ley. Se expidió la copia ordenada por secretaría y se archivó en el copiador. EL SECRETARIO.